El objetivo es solicitar la finalización de las privatizaciones que lleva a cabo la Comunidad de Madrid y el cumplimiento de las sentencias dictadas por los tribunales en contra de las medidas privatizadoras de la Consejería de Educación. Mediante las mismas el CEIP “Miguel Ángel Blanco”, de El Álamo, no debió suprimido y privatizado, por lo que debería volver a funcionar como centro público, tal y como señala el auto judicial.