Al margen de otras consideraciones que haremos en su momento, de acuerdo con nuestra posición oficial hecha pública y entregada al Ministerio de Educación en el pasado mes de noviembre, nos ratificamos en los mismos términos y nos pronunciamos totalmente en contra a lo que establece “ideológicamente” el punto 7 de la propuesta: “El servicio público de Educación”.
En la línea que, desgraciadamente, viene “definiendo” el propio Ministerio de Educación, el Partido Popular y otras organizaciones políticas y sociales, al situar bajo la “misma concepción en la organización del sistema educativo” a los centros de” titularidad pública” y los “centros privados con ideario religioso” (o de otra índole filosófica o ideológica particular), con la coartada de que se “financian con fondos públicos”, constituye una reafirmación de la confesionalidad abierta del sistema educativo del estado español y un fuerte ataque al modelo universal de escuela pública y laica.
De ahí que nuestra organización no acepte este planteamiento. Por ello nos reafirmamos en nuestra posición oficial en esta materia, que figura en la propuesta de Ley de Libertad de Conciencia que Europa Laica elaboró y entregó, en el mes de marzo de 2009, a los poderes legislativo y ejecutivo y del cual reproducimos:

Artículo Quinto. Libertad e igualdad ideológica en el sistema educativo.

1.-Los poderes públicos son responsables de velar por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales, dentro de los centros educativos de titularidad pública y de los privados sostenidos con fondos públicos, con el fin de evitar cualquier interferencia en los objetivos educativos de convicciones particulares religiosas, filosóficas o ideológicas.
2.-El Estado no subvencionará, en ningún caso, centros educativos con ideario propio de carácter religioso o no religioso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Constitución. Los centros con ideario propio serán sostenidos por sus propios medios.
3.-La doctrina católica o de otra religión o convicción no religiosa, así como el derecho eclesiástico, no formarán parte de los estudios oficiales obligatorios de la Universidad española.