Históricamente, la industria en España se ha desarrollado de la mano del capital público (véase ENSIDESA, HUNOSA, INI, RENFE, Iberia, CEPSA, la Construcción Naval, etc…), y del capital extranjero.

El capital privado español, de origen aristocrático y/o especulativo, salvo alguna excepción, nunca ha invertido en la industria, y cuando lo ha hecho, ha sido para sacar los máximos beneficios en el menor tiempo posible, con una sobreexplotación laboral y económica brutal, sin importarle el futuro de la industria. Mentalidad que sigue primando entre la patronal española, de ahí su carácter antidemocrático y especulativo (véase el ejemplo de la CEOE y su actual cúpula directiva).

El paro actual procede, en un elevado porcentaje, de la brutal reconversión industrial iniciada en 1984, justificada con nuestro ingreso en la Comunidad Europea, y de la posterior privatización del sector público, efectuada por los Gobiernos de González y Aznar respectivamente.

Aquella brutal reconversión, que supuestamente era para modernizar la industria española, nunca desarrolló una industria, ni una economía alternativa, que recolocara todo aquel excedente industrial, dejando bolsas de paro y/o economía sumergida, que aún hoy arrastramos.

A aquella situación, le sobrevino el actual modelo especulativo de desarrollo, conocido como el boom del ladrillo, que desarrolló una economía efímera de engorde rápido, sin perspectiva de futuro, y cuyos beneficios, en mano de un sector minoritario, se invirtió en paraísos fiscales, y no en crear una alternativa económica de largo alcance, que generara puestos de trabajos estables, y desarrollara un modelo económico estable y de futuro sostenible. El caso Gürtel es el típico modelo especulativo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo, con apoyo de importantes poderes públicos, es el que ha elevado el paro a las cuotas actuales.

En apoyo de ese modelo económico especulativo, hay que destacar la relevancia que ha tenido, y sigue teniendo, la banca privada española, la única existente, favorecedora de la especulación, alimentadora de paraísos fiscales, y con salarios insultantemente multimillonarios de sus ejecutivos.

A esa banca con beneficios multimillonarios, los diferentes gobiernos del PSOE y PP, y los sindicatos, le han permitido hacer regulaciones fraudulentas de plantillas y prejubilaciones, cambiando puestos fijos y estables de trabajo, por puestos eventuales, con una brutal movilidad geográfica, y con jornadas de 10 y 12 horas laborales diarias, de las que solo abonan las que figuran oficialmente en convenio.

Esas políticas especulativas y fraudulentas bancarias, son las que justifican los multimillonarios beneficios de la banca, incluso en época de crisis.

Para superar esta dramática realidad, con un paro que supera el 20% de la población activa, y con una abusiva precariedad laboral y salarial entre los trabajadores en activo, y apostar por una economía sostenible, de progreso y generadora de riqueza social, solo hay una alternativa: una fuerte inversión pública, que desarrolle una economía alternativa a la actual economía especulativa, que genere millones de puestos públicos de trabajo estable, que cree una industria pública de nuevas tecnologías en sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras sociales, el transporte, los recursos naturales, la recuperación de la agricultura y de sus industrias derivadas, etc…, y una potenciación de los servicios públicos, que generen puestos de trabajos estables en la enseñanza, la sanidad y los servicios públicos, que mejoren sustancialmente la cantidad y calidad de dichos servicios, y repercutan directamente en la calidad de vida de la mayoría de la sociedad. Y para hacer factible ese nuevo modelo de desarrollo, se debe crear una banca pública potente, que financie y potencie una actividad económica socialmente rentable, y no especulativa.

La edad de jubilación, la jornada laboral, y la creación de empleo.- Desde diversos sectores la sociedad, la patronal, significativos dirigentes políticos del Gobierno y la oposición, representantes de determinados organismos internacionales del actual modelo económico especulativo, y sus medios de comunicación afines, vienen bombardeando a la opinión pública con la necesidad de elevar la edad de jubilación a los 70 años.

Con toda claridad y rotundidad, quienes eso proponen, o no han trabajado nunca y no saben lo que es trabajar, o son un@s malnacid@s que engañan a la población.

Aumentar la edad de jubilación, es objetivamente una medida que atenta contra la creación de trabajo estable, dificulta la inserción laboral y profesionalización de los jóvenes, y aumentaría la penosidad y degeneración física y psíquica de la mayoría de los trabajadores mayores en activo.

Hoy, la inmensa mayoría de los jóvenes con trabajo sufren la precariedad laboral y salarial hasta los 35 o más años, lo que dificulta su inserción económica y social en la sociedad, e impide el desarrollo de la natalidad socialmente necesaria.

Sin embargo, reduciendo la jubilación obligatoria a los 60 años, y la voluntaria a los 55 años, permitiría generar miles de puestos de trabajos estables entre los jóvenes, garantizando la financiación regular a la Seguridad Social. Para ello, habría que garantizar por ley, la sustitución de los puestos fijos de trabajo de los jubilados, por contratos fijos para jóvenes.

Pero además, aumentar la jubilación a los 70 años, es otorgar un pasaporte para la muerte a la mayoría de los trabajadores mayores, incluso antes de la jubilación. Con las actuales condiciones de productividad introducidas en las empresas, la inmensa mayoría de los trabajadores mayores en activo, no aguantarían físicamente y psíquicamente el trabajo hasta los 70 años. ¿O quizás es lo que pretenden, provocar la muerte prematura de miles de trabajadores, y así garantizar las pensiones a los que sobrevivan a ese holocausto?

El acortamiento de la jornada laboral a 35 horas semanales, es una medida necesaria, que daría un impulso importante a la creación de empleo fijo y estable. Además, los trabajadores necesitan acortar su jornada laboral para atender sus necesidades sociales, familiares, de formación y ocio, actividades imprescindibles para el desarrollo de una vida equilibrada, y también para mejorar la calidad y productividad en el trabajo.

El abanico salarial, el empleo y la crisis. Entre las injusticias que ha desarrollado el actual modelo especulativo de economía, ha sido abrir el abanico salarial en las empresas de 1 a 20, o más, amén de sueldos multimillonarios, fuera de convenio, a directivos y ejecutivos, y que no cotizan por lo que perciben, defraudando así a la Seguridad Social.

Tradicionalmente, cuando existían los sindicatos de clases, la reivindicación sindical histórica era un abanico salarial de 1 a 3.

Es objetivamente inmoral, y una injusticia social que, en el siglo XXI, en una misma empresa, haya trabajadores cobrando 500€ o 600€ al mes (si, menos del SMI por la precariedad contractual existente), que no les da para vivir, y otros ganando 10.000€ y 20.000€ al mes. Además de ser un atentado a la justicia social, así no puede haber rentabilidad empresarial, porque un trabajador que cobra 500€, está desmotivado, desganado, no produce, no tiene interés profesional alguno, y porque los que ganan 20 veces más, no producen para ganar esa cantidad.

Sin duda, con la crisis, esa injusticia social ha llevado al cierre de muchas empresas, y ha puesto en solfa la permanencia de muchos puestos de trabajo. A la hora de conceder ERE’s, y regulaciones de plantilla, una de las cosas que debería tomar en consideración la Administración, son los abanicos salariales de las empresas, pero el de toda la plantilla.

Para salir de la crisis, y avanzar hacia una economía sostenible, habría que regular por ley el abanico salarial en las empresas, desde el puesto menos cualificado de nuevo ingreso, hasta el director general, además esa regulación sería objetivamente una medida generadora de empleo estable, de incentivación de la calidad profesional, y principalmente de justicia social.

Las horas extraordinarias y las empresas en crisis.- Otra estafa promovida por las empresas del modelo económico especulativo, es la realización habitual y abusiva de horas extraordinarias, que en muchos casos no se abonan al trabajador, y que se utilizan como amenaza para la renovación contractual de los trabajadores eventuales que se niegan a realizarlas.

Hoy hay infinidad de empresas, la mayoría, que cubren su escasez de plantilla con horas extraordinarias. Incluso empresas con ERE’s, están realizando abusivas horas extraordinarias, que deslegitiman su condición de empresa en regulación.(Véase empresas del sector aéreo con ERE’s).

La Administración debe perseguir esas prácticas fraudulentas, eliminando automáticamente la condición de empresas reguladas.

En una situación de paro como el actual, las horas extraordinarias deberían estar rigurosamente prohibidas por ley, porque atentan directamente contra la generación de empleo.

La precariedad laboral atenta contra la Seguridad Social, contra el empleo y contra la dignidad de los trabajadores.- España es el país que mayor precariedad laboral tiene en toda la Comunidad Europea. El modelo económico especulativo ha convertido la precariedad laboral en la normalidad contractual. La mayoría de las empresas con actividad laboral continuada, tienen a sus trabajadores en precario, con novaciones contractuales permanentes para cubrir un mismo puesto de actividad continuada. Por ley se debería prohibir y perseguir esa práctica habitual, que atenta contra el derecho a un trabajo digno, contra la creación de empleo, y que tiende a la descapitalización de la Seguridad Social, porque los millones de trabajadores en precariedad laboral no cotizan las cantidades que cotizarían con empleos fijos.

Además, esta situación deja al trabajador sin derecho e indefenso ante las injusticias patronales, ya que ante la reivindicación de sus derechos, se ve con la amenaza de la no renovación contractual.

Una causa importante de descapitalización de la Seguridad Social, junto al modelo de precarización contractual, es la no cotización por la patronal de su parte correspondiente. Casi el 70% de la patronal no cotiza su parte a la S.S., y un porcentaje importante se queda con el descuento de los trabajadores, delito que no está siendo perseguido, como ocurre con el Presidente de Air Comet y Presidente de la CEOE.

Potenciación y desarrollo del INEM.-Durante estos más de 20 años de modelo económico especulativo, el INEM ha sufrido desde los gobiernos de turno una política de acoso y derribo permanente, que sin duda ha ayudado a precarizar el empleo, a diluir la formación a los parados, a dificultar la búsqueda de empleo, etc.….

Con la contra reforma laboral de 1994 del Gobierno de González, se legalizan las ETT’s, que habían estado prohibidas por el Estatuto de los Trabajadores de 1980, por considerarlas “tráfico de mano de obra”. Hoy las ETT’s tienen en casi absoluta exclusividad la contratación de trabajadores por las empresas, ahondando la división entre los trabajadores, ya que los trabajadores contratados por las ETT’s dependen de estas, y no de las empresas para las que trabajan.

Hoy, cualquier política que pretenda de verdad hacer frente al actual desempleo y precariedad, debe pasar por ilegalizar las ETT’s, y potenciar el INEM para la canalización en exclusiva de la búsqueda de empleo.

Al igual que la formación de los parados, el INEM debería recuperar en exclusiva esta competencia, y acabar con la financiación a empresas privadas y a los sindicatos por la dudosa formación impartida a los trabajadores en paro, de muy escasa utilidad para los trabajadores, y de gran utilidad para financiar de actividades ajenas a los intereses de los trabajadores.

Además, la potenciación del INEM en esa línea, supondría en si mismo una creación de empleo público estable, de gran proyección y utilidad social.

España necesita un esfuerzo solidario público urgente para la creación de empleo. Paradójicamente, quienes deberían decidir sobre las reformas hasta aquí expuestas para la creación de empleo, quienes piden esfuerzos a los trabajadores para salir de la crisis, quienes deciden aumentar la edad de jubilación, y precarizar aún más el empleo para capitalizar la Seguridad Social, y crear más puestos de trabajo precarios, no dan ejemplo a la ciudadanía.

La totalidad de cargos públicos en España suman algo más de 75 000 personas, y cuestan al Estado, o sea a la ciudadanía, más de 700 millones de €. Los diputados y senadores cotizan a la S.S. solo el 4,5% de lo que ganan. Los exministros, durante dos años después de dejar el cargo, cobran 58 000€, seis veces más que una pensión media en España. El 66% de los diputados, que supuestamente deberían tener dedicación exclusiva, engordan sus suculentos salarios públicos, con participación en empresas privadas. La suma de las dietas de los parlamentarios supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos.

¿Cuantos miles de puestos de trabajo, de empleo público, se podrían crear en España regulando los salarios de los cargos públicos a un abanico salarial, no ya de 1 a 3, incluso de 1 a 5, partiendo del salario mínimo interprofesional, regulado por ellos mismos, de 633,30 € para el 2010?

Más de uno dirá, ¡eso es demagogia!, pues no, no lo es, es la realidad. Y ya va siendo hora de que se regule, en un convenio del cargo público, el salario de todos los cargos públicos, desde el Presidente de Gobierno y el Rey, hasta el concejal del más pequeño ayuntamiento de España , pasando por diputados nacionales y autonómicos, alcaldes, consejeros, etc… Entre otras cosas serviría para adecentar la vida política, y que el estar en la vida pública no fuera para trincar.

España necesita un esfuerzo solidario público urgente para crear millones de empleos públicos para acabar con la crisis y el paro, y para impulsar un modelo económico sostenible que termine con el actual sistema de inestabilidad, y economía especulativa. El capital privado nunca va a generar el empleo necesario para superar la actual situación. Debe ser el capital público quien lo genere, y solo así se conseguirá la solidaridad de toda la clase trabajadora, y de toda la sociedad.