Desgraciadamente, estos llamamientos de la sociedad civil han tenido un escaso eco. Tanto con reformas legislativas tremendamente restrictivas (la conocida como “Directiva Retorno” europea y la reciente reforma de la Ley de Extranjería española, principalmente) como con constantes mensajes vertidos desde los más diversos sectores, se está señalando, directamente o indirectamente, que la presencia de población de origen inmigrante en Europa y España es un factor que agrava las consecuencias de la crisis.

Y en los últimos días, a raíz de la decisión del Ayuntamiento de Vic de intentar no empadronar a sus vecinos/as de origen inmigrante en situación documental irregular, se ha iniciado una espiral de declaraciones públicas y propuestas políticas que son muy alarmantes por sus posibles efectos de fomento del rechazo social hacia nuestros/as conciudadanos/as de origen inmigrante. Señalamos brevemente aquéllas que nos parecen de mayor gravedad y nuestras valoraciones al respecto:

– La iniciativa del Ayto. de Vic, afortunadamente paralizada, ha puesto de manifiesto que los obstáculos para acceder al padrón municipal no son exclusivos de este municipio. Se ha hecho público que ayuntamientos como los de Torrejón (Madrid) o Salt (Gerona) también se niegan a empadronar a personas extranjeras en situación documental irregular. Y en otros pueblos y ciudades españolas, sin existir instrucciones formales en este sentido, proliferan las trabas burocráticas para dificultar el acceso al padrón. Y ello tiene un doble efecto perverso: por una parte condena a la inexistencia jurídica y a la imposibilidad de poder aspirar a regularizar su situación a miles de personas, y por otra le veta el acceso a derechos fundamentales básicos como la sanidad y la educación, derechos que la legislación vigente obliga a reconocer a toda persona que se encuentre en nuestro país, sea cual sea su situación administrativa, y el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente como especialmente vinculados a la dignidad humana.

– Diversos responsables del Partido Popular reclaman una nueva reforma de la LOEX que restrinja aún más (si cabe) los derechos fundamentales de las personas extranjeras en España. Si desde los colectivos sociales nos opusimos con firmeza a la reforma recién entrada en vigor, por considerar que las restricción de derechos es inversamente proporcional a una verdadera integración de todo/as en una sociedad democrática avanzada, cualquier propuesta que pretenda ahondar en ese camino encontrará nuestro frontal rechazo.

– El Presidente de la Generalitat de Cataluña, el Sr. José Montilla (PSC/PSOE), ha afirmado que ni su gobierno ni su partido iban a caer en el peligro del “buenismo” al tratar las cuestiones migratorias. Recordamos al presidente Montilla que reivindicar la plena vigencia de los Derechos Humanos para todas las personas independientemente de su origen y el reconocimiento de la condición de ciudadanos/as de nuestras vecinos/as extranjeros/as no supone un cándido ejercicio caritativo de ilusos fuera de la realidad; simplemente es una exigencia derivada del respeto a la dignidad humana, de la letra y el espíritu de instrumentos internacionales vigentes y ratificados por España y de la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia.

– Convergencia i Unió retoma su propuesta de “carnet por puntos” para inmigrantes y reivindica la autoría del lema “en Cataluña no cabemos todos”, utilizado vehemente en estos días por la Sra. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular en Cataluña. Respecto a la primera propuesta, reiteramos que los derechos de los/as inmigrantes deben estar exclusivamente vinculados a su condición de personas y ciudadanos/as, sin requisitos “extra” respecto al resto de sectores sociales. Y en lo concerniente al “en Cataluña no cabemos todos”, ejemplifica a la perfección el tipo de declaraciones que pueden fomentar el racismo y la xenofobia.

– Por último, no ha faltado el recurrente discurso de vincular inmigración y delincuencia. El Sr. Josep González, presidente de la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) argumentó ante los medios de comunicación: “Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas y de gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido”. Efectivamente, deberíamos preguntarnos qué patrones éticos guían a nuestra sociedad, que no reacciona ante declaraciones de este perfil, cuando no las aprueba y aplaude. Y en esta línea, Mariano Rajoy, presidente nacional del Partido Popular, ha abogado por la expulsión de personas inmigrantes que comentan delitos penados con más de 6 meses de prisión.

Ante estas circunstancias, la sociedad civil más que nunca debe exigir por enésima vez responsabilidad a todas las instancias políticas, mediáticas y sociales a la hora de tratar el fenómeno migratorio. Nuestros vecinos/as migrantes ni son causa ni agravan las consecuencias de la crisis social y económica, sino que son un colectivo que sufre con especial rigor las mismas (por los sectores económicos en los que mayoritariamente trabajan, por no poseer las mismas redes de protección familiares y sociales que las personas autóctonas, por la “espada de Damocles” constante de la situación documental…). El culpabilizar en todo o en parte, directa o indirectamente, a la inmigración de la crisis genera riesgos de xenofobia y fractura social, que pueden a su vez crear graves problemas de convivencia. Estamos todavía a tiempo de evitarlo; en caso contrario, una vez prendida la mecha las consecuencias son imprevisibles.