La Ley de Creación del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, lo define como “órgano de participación tripartito de carácter consultivo en materias económica y social”, constituido por 9 representantes de CEIM, 9 de los sindicatos más representativos (UGT y CCOO) y 9 expertos.

Recoge entre sus funciones la de “emitir informe preceptivo no vinculante, con carácter previo a la aprobación de Proyectos de Ley y Decretos del Consejo de Gobierno sobre la política económica y social de la Comunidad de Madrid”.

En consecuencia, el Gobierno Regional tiene la obligación de remitir al CES el Anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado con carácter previo a su remisión a la Asamblea de Madrid como Proyecto.

UGT de Madrid denuncia que, siendo importante cumplir la ley, Esperanza Aguirre esquiva al CES para huir de un debate social amplio, en una materia tan importante para la sociedad madrileña como el alcance y los efectos en la regulación legal de la autoridad del profesorado.

UGT-Madrid considera que los términos actuales del Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, solo servirá para convertir lo que hoy son incidentes en delitos penales, pero no mejorará la convivencia en los centros ni la valoración de la fundamental tare que realizan profesores y maestros, porque quedan sin resolver los verdaderos problemas: masificación de las aulas, escolarización desequilibrada de alumnado con necesidades de apoyo educativo, autonomía organizativa y presupuestaria de los centros, plantilla de personal insuficiente, etc.

UGT-Madrid, por ultimo, aconseja a Esperanza Aguirre que pierda el miedo a los debates sociales por amplios que puedan ser; que rectifique enviando el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado al CES, para su debate e informe preceptivo; que no tramite y apruebe una “ley en blanco” por su falta de financiación y de medidas para mejorar realmente nuestra escuela; y que es mejor hacer las cosas bien a deprisa e incumplir el deber legal de audiencia o consulta previa,

En este sentido, UGT-Madrid recuerda a la Presidenta, que recientemente el Tribunal Supremo ha condenado a la comunidad de Madrid y declarado nula la orden de la Consejería de Educación por la que se establecía la selección de los colegios públicos bilingües, precisamente por haber incumplido el deber legal de consulta previa a los sindicatos.