Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, reconociendo la importancia de esta nueva norma y entendiéndola positiva en su esencia, creemos que no resuelve el problema de los trabajadores discapacitados que reuniendo los requisitos de cotización y grado de discapacidad no se encuentren en el listado de afectaciones enumeradas por el Real Decreto. Consideramos que deberían otras enfermedades que por su evolución y desarrollo en el tiempo, pueden implicar una gran dependencia e incluso un acortamiento de la esperanza de vida.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL considera que el Real Decreto debería reconocer este derecho de jubilación anticipada a las personas que trabajan para las Administraciones Públicas y que no están acogidos al Sistema Público de Seguridad Social, por tener régimen funcionarial, esto es, los sujetos a Regímenes Especiales de Mutualismo, como MUGEJU (específico para personal de Justicia) y MUFACE (para personal docente de Educación).

Este Real Decreto desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 %, estableciendo, así, que la edad mínima de jubilación de 65 años podrá ser reducida a los 58 en supuestos de discapacidad en los que “concurran evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida” modificando la actual situación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditasen un grado importante de minusvalía. Además, esta situación se extiende a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social.