CSIT UNIÓN PROFESIONAL rechaza la propuesta privatizadora de la Presidenta del Gobierno Autonómico, y le recuerda que la Ley de Dependencia obliga a que estos dictámenes se efectúen directamente por las Administraciones Públicas, no pudiendo delegarse esta competencia, contratarse o concentrarse con entidades privadas. Aguirre acusa a los funcionarios de boicotear la Ley de Dependencia, cuando lo único que hacen estos es seguir las instrucciones de altos cargos de libre designación, por lo que dicho retraso se debe únicamente a la decisión del Gobierno Regional de no agilizar la aplicación de la Ley.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL le recuerda al Gobierno Regional que la privatización y la gestión privada de los servicios públicos no es la solución a los problemas, máxime cuando éstos se pueden paliar mediante la contratación de personal cualificado que, además de crear empleo en nuestra región, garanticen el cumplimiento de la Ley y la correcta aplicación de la misma en Madrid.