El fenómeno de la inmigración no es en absoluto coyuntural, sino que, muy al contrario, forma parte ya de una realidad que se ha ido consolidando a lo largo de las dos últimas décadas y cuya paulatina transformación ha cambiado de forma muy profunda los escenarios económicos, sociales y culturales.

La irreversibilidad de la situación es consecuencia de movimientos globales causados por circunstancias de pobreza e injusticia, cuando no directamente de hambre, guerras, persecuciones y muerte, que obligan y empujan a la gente a abandonar sus países de origen en busca, con toda razón y derecho, de mejores lugares donde poder desarrollar sus vidas.

Porque una de las formas que toma la injusticia son las tremendas desigualdades que se vienen acentuando en los últimos años en el interior de todos los países y, desde luego, entre unos países y otros.

Así, se producen resistencias, de inequívocos matices xenófobos, ante la paulatina conformación de unas nuevas sociedades diversas y multiculturales consecuencia precisamente de esa misma globalización que tanto se aplaude en determinados medios cuando se trata de los movimientos especulativos de capital, pero no cuando nos referimos a los movimientos de las personas.

A partir de la plena asunción por parte de todos de esta situación, que es ya una realidad tan consolidada como para saber que, aún en pleno cambio y transformación, no va a tener en ningún caso marcha atrás, sino por el contrario, una acentuación de esta diversidad y pluralidad social, la normalidad tiene que ser la guía desde la que se aborden las políticas relacionadas con la integración de las personas que, nacidas en otros países, forman parte del nuestro y lo van a seguir haciendo, en una gran mayoría, de manera indefinida.

Cuando se pretende responsabilizar, de forma directa o indirecta, de determinados problemas económicos o sociales a los fenómenos migratorios, cuando no directamente y sin tapujos a los propios trabajadores y trabajadoras inmigrantes, lo que se está haciendo en realidad es socavando los principios de igualdad de trato y de oportunidades y, por tanto, negando legitimidad al ejercicio de los derechos por parte de aquéllos.

Y cuando en la práctica se conculcan estos derechos y no se respetan esos principios de igualdad, se está despreciando, por la vía de los hechos, su misma condición de trabajadores y trabajadoras al conjunto de una inmigración que, en su muy inmensa mayoría, viene justamente a nuestros países a trabajar y, en consecuencia, a aportar su esfuerzo personal al empeño colectivo de la clase trabajadora para crear riqueza productiva y bienestar social.

En este sentido, el papel que tenemos que desarrollar los sindicatos resulta trascendental, porque los procesos de integración se tienen que sustentar a partir del trabajo, es decir, sobre la base de la condición de trabajadores del conjunto de los inmigrantes.

Ahí reside nuestra primera obligación, la de que, luchando por garantizar y dignificar sus condiciones laborales y el reconocimiento pleno de sus derechos, ese esfuerzo se englobe con perfecta naturalidad en la cotidiana tarea sindical —que es nuestra misma razón de ser— en defensa de los intereses de una clase trabajadora que, ya entrados en el siglo XXI, es plural, diversa, multicultural y multiétnica.

Reconocimiento, por tanto, de derechos, y garantía para el ejercicio de los mismos, reafirmación legal y real de la igualdad de trato y de oportunidades.

No caben, por consiguiente, inaceptables discriminaciones y menos aún cuando en una situación de crisis tan aguda como la que estamos padeciendo, algunos pretender utilizarla como excusa para aplicar políticas o adoptar actitudes que mantengan de hecho o generen más desigualdades y, de añadidura, alumbren o refuercen posicionamientos de creciente xenofobia.

Y es cierto que la crisis económica está siendo de una dureza desconocida en nuestros países, lo que ha aumentado las dificultades para todos los trabajadores, pero eso no puede convertir a la UE en un ámbito de exclusión y discriminación que iría, además, en contra de los principios que han ido marcando la construcción europea desde hace cincuenta años.

En este contexto adquiere toda su relevancia el reconocimiento de los derechos de ciudadanía, los procesos de nacionalización y todas las cuestiones relacionadas con el voto de los inmigrantes. Los primeros pasos, como decimos, tienen que ser la reafirmación de la igualdad de trato y de oportunidades como un principio básico y, repetimos, la defensa de los derechos de todos los trabajadores con independencia de su origen y nacionalidad.

La participación plena y activa de las personas inmigrantes en los más variados ámbitos sociales y en los asuntos públicos es un elemento determinante para la garantía de la igualdad en derechos y deberes con la población de los países de acogida.

Hay que ser conscientes, en todo caso, que la nacionalización, por ejemplo, de personas inmigrantes, que desde el punto de vista legal garantiza la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio de derechos y deberes y, en consecuencia, cabría pensar que también la mencionada integración a que nos venimos refiriendo, no es necesariamente así en este último aspecto, por lo que resultan imprescindibles las políticas públicas de las diferentes Administraciones que la promuevan y posibiliten.

El voto de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes sería, de esta manera, la culminación de todas las actuaciones anteriores, a las que da carta de naturaleza política —nunca mejor dicho—, por ser precisamente el derecho a voto una exigencia básica de ciudadanía.

En España se han establecido con algunos países latinoamericanos procedimientos de reciprocidad para la participación de los ciudadanos residentes en el país respectivo en las correspondientes elecciones locales. Son importantes estas iniciativas porque este reconocimiento y ejercicio mutuo del derecho de voto es un paso fundamental en los procesos de integración y de ciudadanía compartida que son el objetivo último de cuantas acciones sindicales y políticas llevemos a cabo en relación con los fenómenos migratorios.

Desde el Sindicato, desde UGT-Madrid, creemos igualmente muy interesante y conveniente estudiar nuevas posibilidades de extensión del derecho al sufragio en los comicios locales, para aquellos inmigrantes cuya permanencia en el país de acogida se pueda considerar en la práctica como definitiva, y acreditarse como tal, aun no teniendo esos protocolos de reciprocidad con sus países.