En Rosarno, los enfrentamientos estallaron cuando dos trabajadores migrantes recibieron disparos efectuados con pistolas de aire comprimido desde un automóvil la noche del jueves 7 de enero. Tras el tiroteo, varios cientos de migrantes se manifestaron por la localidad para protestar por el trato discriminatorio que recibían y por las precarias condiciones de vida, quemando vehículos y enfrentándose con la policía antidisturbios. Al día siguiente, residentes locales bloquearon una carretera y ocuparon el ayuntamiento en señal de protesta. En varios incidentes separados, dos migrantes fueron golpeados con barras de hierro, cinco fueron atropellados deliberadamente y otros dos resultaron heridos por perdigones de escopeta. En total fueron hospitalizadas 53 personas: 21 migrantes, 14 residentes locales y 18 agentes de policía. El orden no se reinstauró hasta después de que se hubieran marchado la mayoría de los trabajadores migrantes, cientos de los cuales fueron trasladados fuera de la localidad por las autoridades. Tras su marcha, muchos de los alojamientos temporales que habían construido en edificios abandonados de los alrededores de la localidad fueron demolidos por las autoridades.

El ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, ha culpado de los disturbios al legado de migración incontrolada. Observó que todo responsable de actos delictivos violentos será investigado y procesado, pero Amnistía Internacional teme que las causas de los incidentes de Rosarno sean la explotación generalizada de los trabajadores migrantes y la falta de medidas, tanto de las autoridades centrales como regionales, para abordar la creciente xenofobia en el país.

Debido al tráfico ilícito y a la explotación de trabajadores migrantes, miles de migrantes de la zona de Rosarno, y otros muchos de diversos lugares de Italia, cobran salarios tan escasos como 2 euros la hora, mientras viven en alojamientos improvisados sin agua corriente, electricidad o calefacción. Amnistía Internacional ya ha manifestado anteriormente con preocupación que el “paquete de seguridad”, conjunto de medidas adoptadas recientemente que penalizan la migración irregular, ha expuesto todavía más a los migrantes irregulares a sufrir explotación, pues restringe su acceso al empleo, a la vivienda y a servicios esenciales, a la vez que desanima a las víctimas a denunciar los abusos sufridos.

La creciente xenofobia existente en Italia se refleja en la retórica cada vez más vehemente contra la población migrante y romaní utilizada en especial por políticos regionales y locales, así como en el aumento de los ataques de motivación racial a manos de individuos y grupos parapoliciales en los últimos 18 meses.

Por ello, para abordar las causas de los disturbios de Rosarno, Amnistía Internacional insta a las autoridades italianas a:

* Dar más prioridad a combatir los delitos de motivación racial, sobre todo, garantizar que las víctimas de estos delitos tienen acceso a remedios efectivos, que estos delitos se investigan y que los responsables comparecen ante la justicia;

* Tomar más medidas para impedir que las autoridades nacionales y locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella, según lo dispuesto en el artículo 4.c de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;

* Combatir eficazmente el tráfico y la trata de personas y prestar asistencia a las víctimas con arreglo al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos;

* Garantizar a los trabajadores migrantes que residen legalmente en el país la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión, tal como prevé el artículo 10 del Convenio sobre los Trabajadores Migrantes de la Organización Internacional del Trabajo, de 1975;

* Revocar las medidas del “paquete de seguridad” adoptado recientemente que tipifica como delito la migración irregular;

* Garantizar que todas las personas migrantes pueden disfrutar de forma efectiva del derecho a una vivienda y condiciones de vida adecuadas, un derecho que en opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se aplica a todas las personas con independencia de su condición e incluye “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.

Amnistía Internacional teme también que muchos de los migrantes desplazados corran peligro de sufrir más violaciones de derechos humanos. La policía italiana ha informado de que 828 personas migrantes han sido trasladadas a dos centros de detención para extranjeros en Crotone y Bari. Muchos de los migrantes vivían y trabajaban en Rosarno con autorización oficial. Sin embargo, otros muchos están en situación irregular y no tienen permiso para permanecer en Italia. A Amnistía Internacional le preocupa que muchas de estas personas sufran detención prolongada sin que se barajen medidas alternativas y que se las expulse sin darles acceso efectivo a procedimientos y mecanismos que les permitan solicitar protección internacional o impugnar los motivos de su expulsión.

Muchas de las personas a quienes las autoridades se han llevado fuera de la localidad o que se han visto obligadas a huir de sus hogares no podrán regresar a Rosarno porque se han demolido sus lugares de residencia y por la falta de seguridad. La expulsión de personas de sus casas por la fuerza sin el debido proceso –como la garantía de un alojamiento alternativo adecuado– constituye desalojo forzoso y vulnera el derecho internacional. Incluso aunque el traslado fuera una medida temporal de emergencia, si las personas migrantes no pueden regresar porque se han demolido sus hogares o porque continúa la amenaza de violencia, las autoridades italianas tienen el deber, previsto en el derecho internacional, de proporcionarles alojamiento alternativo adecuado y remedios efectivos.

En respuesta a los incidentes de Rosarno, Amnistía Internacional insta a las autoridades italianas a garantizar que:

* Todas las denuncias de violencia de motivación racial se investigan eficazmente, toda persona a quien se le impute de forma razonable responsabilidad en los hechos comparece ante la justicia y las víctimas reciban reparación efectiva, incluida una indemnización adecuada;

* Se protegen los principios de no devolución (non refoulement) y del debido proceso proporcionando a todas las personas migrantes, cuando proceda, acceso efectivo a un procedimiento de asilo justo y satisfactorio o a un proceso para impugnar los motivos de la expulsión que cuente con plenas salvaguardias procesales;

* Todas las personas desplazadas de Rosarno pueden regresar a sus anteriores lugares de residencia y se les ofrece alojamiento alternativo adecuado en algún otro lugar de Italia.