Se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de la Memoria Histórica, una legislación aprobada con numerosas carencias, que ha sido incumplida por diversas administraciones públicas, sin que el Gobierno haya tomado las medidas necesarias con las que se garantiza el cumplimiento de cualquier otra legislación.

Ni un solo desaparecido ha sido encontrado por la ley. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, denunció en el proceso de elaboración de la misma que en el texto no se incluía la responsabilidad del Estado en la búsqueda de desaparecidos, sino una vaga referencia a que las administraciones deben ofrecer facilidades. Como consecuencia de ello han continuado muriendo miles de familiares en estos dos años sin recibir ningún tipo de asistencia por parte de un Estado que incumple así: la Convención Europea de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de la ONU por los Derechos Civiles y Políticos y el nuevo Tratado de Lisboa por el que la Unión Europea reconoce la vigencia de éstos y de otros acuerdos humanitarios internacionales.

Dos años después no existe ni una parte del mapa de fosas comunes cuya elaboración está prevista en el artículo 12 de la legislación de la memoria. Otro incumplimiento es la falta de elaboración de un protocolo de exhumaciones que en todo caso se debe estar desarrollando sin la participación directa de los técnicos que más experiencia tienen en exhumaciones de fosas. Tampoco existe un reglamento de cómo deben preservarse los lugares en los que se encuentran fosas comunes.

Ni siquiera se ha tutelado el cumplimiento de la ley con respecto al Valle de los Caídos. El pasado 21 de noviembre en diversos periódicos pudieron verse fotografías de grupos de exaltados realizando actos de homenaje al dictador Francisco Franco, a la entrada de la basílica del recinto, a pesar de que el Artículo 16 dice claramente: 2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. Las fuerzas de seguridad del Estado no estaban allí para tomar medidas y garantizar el cumplimiento de la norma o no quisieron hacerlo ya que existe una dotación permanente en el lugar.

En la norma estaba prevista la elaboración de dos catálogos que todavía no se conocen públicamente. En el artículo 15.3 se dice: El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura. Y otro que dicta el artículo 17 y que tampoco ha sido creado: El Gobierno, en colaboración con las demás Administraciones públicas confeccionará un censo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.

No es comprensible que un Gobierno que ha dictado una ley y tiene que velar por su cumplimiento sea el primero en incumplirla, aumentando el daño de quienes padecieron daños irreparables a causa de las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por la dictadura franquista para conquista y mantener el poder.

Por último, tampoco lo es el hecho de que conociéndose el caso de miles de bebés que fueron robados primero en las cárceles y luego en clínicas públicas y privadas para ser vendidos, no se haga nada por esclarecer esos hechos y se den instrucciones al Fiscal General del Estado para que promueva una investigación. Una vuelta por Internet es suficiente para encontrar a muchos de los afectados que sin ayuda de la justicia tratan de averiguar cuál fue su verdadero origen.