CEAR insiste en que los hechos recogidos por el estudio sobre los tres Centros de Internamiento de Extranjeros cuentan con los suficientes testimonios cotejados por diversas fuentes y en un grado de certeza como para que los tribunales los investiguen de manera independiente y exhaustiva. Así lo ha manifestado siempre CEAR al Ministerio en las reuniones mantenidas. Y así lo va a manifestar en cualquier reunión con el Ministerio a la que CEAR sea convocada, pues, como ha sido siempre norma de actuación, CEAR mantiene la más absoluta voluntad de colaboración.

De hecho, el informe sobre los CIE, en su integridad, fue puesto en conocimiento del Ministerio del Interior -que autorizó las visitas para elaborar el informe- con anterioridad suficiente a su difusión a la opinión pública.

CEAR seguirá alertando de cualquier delito del que tenga conocimiento siempre que se cuente con indicios suficientes de que dicho delito pueda haber existido. CEAR es consciente de que muchas de las víctimas de malos tratos en los CIEs ya no pueden testificar, puesto que han sido expulsadas de nuestro país antes de poder hacerlo. Otras siguen aquí, como CEAR ha manifestado en las reuniones mantenidas con el Ministerio del Interior durante el proceso de elaboración del informe sobre los CIEs. En todos los casos, CEAR considera una obligación moral que cualquier persona que sea testigo o conocedora de malos tratos lo denuncie, y así anima a hacerlo.

Más allá de los casos de malos tratos o torturas, CEAR señala en el informe “Situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España” problemas estructurales que se sufren en los CIEs y que requieren de reformas normativas y cambios en las prácticas de manera urgente. CEAR espera que, como primer paso, éstas sean introducidas en el desarrollo reglamentario de la ley de extranjería.

CEAR reitera que la situación de los CIEs en nuestro país requiere de profundos cambios para que estos centros sean compatibles con la transparencia y el escrupuloso respeto a la ley y a los derechos que un Estado democrático le debe a todos los ciudadanos que en él residen, más allá de su situación administrativa.