En función de la responsabilidad que nos confiere ser una entidad de ámbito
estatal, dirigida a la defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y la prevención del Maltrato Infantil, miembro del Observatorio
de la Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social, colaboradora de
Administraciones locales, autonómicas y estatales y con 20 años de
trayectoria profesional, estamos en la obligación de mostrar nuestra
preocupación por los siguientes aspectos:

1. Tratamiento mediático del caso, absolutamente inadecuado, en el que se ha
dado prioridad a un planteamiento sensacionalista e irresponsable en
detrimento de un relato contrastado y cronológico de la realidad.
2. Inadecuación del lenguaje empleado por diversos medios para relatar el
caso, en el que se evidencia un tratamiento morboso y acientífico de la
realidad del Maltrato Infantil.
3. Ausencia de respeto a la presunción de inocencia de los implicados y al
tratamiento de sus datos e imagen personales por parte de los Medios de
Comunicación.
4. Ausencia de la cautela y precaución exigibles en el tratamiento
informativo de los casos de Maltrato Infantil, ya que en este caso no se han
contrastado los datos ni las circunstancias de los hechos.
5. Mostramos nuestra preocupación por el cuestionamiento que se ha hecho,
desde diversos ámbitos e instancias, de los Protocolos de actuación en los
casos de sospecha de maltrato y abuso sexual, contemplados en la legislación
vigente.

En consonancia, queremos exponer:

1. Resulta de extrema gravedad la filtración de información relativa al caso
durante la fase de diligencias a los Medios de Comunicación y que, tanto en
las primeras noticias como tras la autopsia, no haya una reflexión sobre su
papel en el juicio social paralelo que ha tenido lugar como reacción al
tratamiento inadecuado del caso.
2. Gran parte de la sociedad española desconoce su responsabilidad en cuanto
a la actuación en casos de sospecha de posible maltrato, así como de la
necesidad de activar dichos Protocolos, siendo estos de carácter obligatorio
por Ley.
3. Con los datos actualmente disponibles respecto a este caso, la activación
del Protocolo por parte del facultativo está dentro de su obligación y
responsabilidad y conforme a la Ley. Por otra parte, la actuación del
facultativo refiere sospecha de maltrato y abuso sexual, no su confirmación,
ya que esta depende de otras instancias especializadas que actúan en un
segundo momento.
4. Una de las problemáticas asociadas a los casos de Maltrato Infantil en
España es la ausencia de notificaciones sobre sospechas, por lo que estos
casos no pueden ser investigados y en consecuencia no pueden activarse los
dispositivos y recursos necesarios.
5. El tratamiento mediático que se ha hecho de esta noticia afecta
gravemente a la notificación de sospechas en el futuro por parte de
profesionales y ciudadanos, ya que junto a los reparos actuales, ha de
sumarse la alarma injustificada creada por el tratamiento dado.