El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la Comunidad Autónoma poniendo de manifiesto el interés estrictamente “economicista” del “lobby”, al entender que éste antepone su ambición económica a la necesaria atención de las necesidades de las personas con discapacidad o las personas mayores.

El CERMI Comunidad de Madrid agradece la actitud de defensa de los intereses de las personas con discapacidad que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está realizando, y solicita que no ceda ante las presiones de la Asociación.

Por su parte, CERMI Comunidad de Madrid, tomará todas las medidas que resulten necesarias en apoyo de la Comunidad Autónoma para contrarrestar la “ofensiva” de los “ascensoristas” recomendando, además a todos los agentes con los que se relaciona, la no instalación de un solo ascensor de las firmas agrupadas en el lobby.

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, tras constatar la actitud de desprecio mostrada por la Asociación de Empresarial de Ascensoristas de Madrid hacia las personas con discapacidad al intentar ésta, bajo presiones, que resulten modificadas las normas de accesibilidad actualmente vigentes, denuncia la actitud mercantilista e insolidaria del “lobby” indicando su intención de presentar batalla en todos los campos que puedan resultar necesarios para que el mencionado grupo no alcance sus objetivos.

La actitud de “aprecio exclusivo al dinero” del “lobby” ha sido así recogida en la sentencia nº 1798 dictada por Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 8ª, que el CERMI Comunidad de Madrid considera ejemplar y en la que textualmente se dice: “…en el fondo del recurso, y con todo el respeto que esta apreciación le merece a la Sala, entendemos, late un interés económico de la Asociación actora, en la medida que determinados ascensores y han de cumplir las exigencias técnicas de la normativa general y específica más rigurosa contemplada en el Decreto, sin que ello suponga a nuestro juicio romper con el principio comunitario de unidad de mercado, principio que en todo caso habrá siempre de ceder ante un interés superior – a cuya satisfacción vienen constitucionalmente obligados los poderes públicos – como es el de eliminar en todo lo posible las incontables barreras con las que se enfrentan los discapacitados y garantizar su seguridad para posibilitar y facilitar su innegable derecho a una integración social lo más plena posible, obstaculizada injustificadamente en numerosas ocasiones, debiendo desde luego y en estos casos postergarse a un segundo plano los intereses meramente económicos”

De igual forma, CERMI Comunidad de Madrid agradece profundamente la actitud del Gobierno Autónomo quien, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha amparado los derechos de las personas con discapacidad al plantear la defensa legal de las normas de accesibilidad a través de sus servicios jurídicos y solicita al Gobierno Regional que no ceda ante las exigencias del lobby.

El CERMI considera inaceptable la conducta de la mencionada Asociación y, como representante legítimo del colectivo de personas con discapacidad y sus familias, advierte que defenderá con firmeza y hasta las últimas consecuencias sus intereses ante la ofensiva del dinero, la insolidaridad y la falta de escrúpulos que “los ascensoristas” muestran. Según el CERMI: “tomaremos todas las medidas que resulten necesarias en apoyo de la Comunidad Autónoma para contrarrestar la ofensiva de la Asociación Empresarial de Ascensores de Madrid recomendando, además, la no instalación de un solo ascensor fabricado por las firmas agrupadas en el lobby a todos los agentes y entidades con las que nos relacionemos indicando, además, cuáles son dichas firmas, al derivarse de su intento de presión un posible perjuicio grave para las personas con discapacidad.”