Europa Laica sostiene que la presencia de crucifijos en los centros escolares sostenidos con fondos públicos atenta contra los principios de igualdad y neutralidad del Estado. Esta asociación estatal se congratula por la aprobación ayer en el Parlamento de una Proposición no de Ley de ERC, que insta al Gobierno a incorporar en el ordenamiento jurídico la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo del pasado 3 de noviembre.
Aquella sentencia condenó al estado italiano y dio la razón a una madre que había pedido en 2002 la retirada de los crucifijos del instituto público en Italia donde estudiaban sus dos hijos.

Europa Laica quiere reconocer el trabajo de distintas personas asociadas a esta organización y a la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid que iniciaron en Valladolid un recurso en el Colegio Público Macías Picavea, y que tras tres años de trámites administrativos y judiciales, lograron una sentencia favorable a la retirada de los crucifijos por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valladolid, de 14 de Noviembre de 2008.

Aunque los crucifijos fueron retirados de aquel centro educativo como medida cautelar, esta sentencia está actualmente recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la Junta de Castilla y León y por el grupo ultracatólico E-Cristians.

Tras la votación ayer en sede parlamentaria, la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 que quiere acometer el Gobierno debería garantizar la retirada de los crucifijos y demás símbolos religiosos de los centros escolares sostenidos con fondos públicos.

Europa Laica estima que aproximadamente uno de cada tres centros escolares públicos de nuestro país tiene crucifijos en sus aulas, sobre todo en el ámbito rural y en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, vulnerando así (siguiendo el contenido de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) la libertad de conciencia del alumnado y los derechos de los padres y las madres a educar a sus hijos según sus convicciones.

Europa Laica denuncia que el Estado sigue manteniendo una enorme pasividad y permisividad ante cuestiones relacionadas con la exhibición de simbología religiosa católica en escuelas, hospitales, cárceles, juzgados y otros espacios públicos. Además, se mantienen capellanes funcionarios en diversos establecimientos públicos.

La inmensa mayoría de los cargos públicos, en función de su responsabilidad, juran y/o prometen ante símbolos religiosos católicos, asisten de forma oficial a actos religiosos católicos, ante cualquier catástrofe se organizan funerales de estado católicos, etc.

Todo ello, a juicio de Europa Laica, supone una vulneración clara de los principios de igualdad y neutralidad del Estado, que de esa forma toma partido y transmite la idea de “poder”, “cercanía” y “normalidad” de y hacia una confesión concreta y “única”: la católica.