En la última semana de agosto la URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones) dio a conocer una propuesta de ley elaborada por esta Unidad sobre regulación de la actividad de las radios comunitarias. Este anteproyecto -que pretende regular bajo la forma de "emisoras de baja potencia" y "emisoras universitarias" los hoy existentes y los futuros proyectos de radiocomunicación comunitaria- contiene elementos que a las radios comunitarias de ECOS - Coordinadora de Radios Comunitarias del Uruguay nos llevan a honda preocupación por su origen y por la coyuntura en la cual esta propuesta llegarí­a a consideración del Poder Legislativo.

En octubre de 2001 la URSEC convocó a ANDEBU (Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay), RAMI (Asociación de Radios del Interior) y AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) a hacer llegar a esta Unidad Reguladora sus propuestas sobre regulación de la radiodifusión comunitaria. Esta convocatoria dejó de lado a ECOS -a solicitud de ANDEBU según la propia URSEC- lo cual no implicó que ECOS desconociera la importancia de este ámbito, buscando en consecuencia las formas posibles para realizar aportes sobre el tema a pesar de la discriminación planteada.

A partir de los primeros dí­as de agosto de 2002, en el marco de grandes cambios que han sucedido en el paí­s, varí­an muchos elementos en el panorama del movimiento de radios comunitarias. Desde el sábado 03/08/02 tres radios comunitarias han sido allanadas e incautado su equipamiento, otras han sido hostigadas mediante la vigilancia de locales de transmisión y recorridas por las zonas emisión por parte de la URSEC con apoyo del Ministerio del Interior.

El proyecto de regulación que la URSEC ha dado a conocer -que se agrega a la compleja situación actual- plantea la necesidad de previa autorización -otorgada por el Poder Ejecutivo con asesoramiento de la URSEC- para el uso de frecuencias radioeléctricas para la radiodifusión comunitaria. Sin embargo, ya en 1996 la Universidad de la República -a través de un informe elaborado por Alberto Pérez Pérez y Horacio Cassinelli Muñoz entre otros- planteaba que "no es admisible un régimen que someta el ejercicio de ese derecho [el de la libertad de expresión] a la previa obtención de un permiso o autorización cuyo otorgamiento depende de la voluntad discrecional o arbitraria del Estado".

El proyecto agrega a esto la tipificación de delito penal el "uso no autorizado de espectro radioeléctrico", con lo cual se hace pasible de cárcel el uso de un medio técnico como la radiodifusión para la comunicación de ideas, opiniones, y propuestas que no haya sido previamente avalado por el gobierno, lo cual constituye un severo condicionamiento a un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

El proyecto además no habilita la posibilidad de radios comunitarias (proyectos de radiocomunicación sin fines de lucro vinculados directa y activamente a una cierta comunidad) que no sean proyectos destinados a áreas de emisión reducidas; y define a las "radios universitarias" sin haber convocado a instituciones universitarias -y en particular a la Universidad de la República- a realizar propuestas sobre el tema, ratificando el marco de escasa amplitud del debate que caracterizó el proceso previo al surgimiento de esta propuesta.

El proyecto postula en forma desprolija como requisito el cese de transmisiones previo a la "autorización" de las emisoras comunitarias, no reservando sin embargo un espacio del espectro radioeléctrico para el uso comunitario. Además condiciona aspectos de financiamiento de los proyectos de radiodifusión comunitaria, no explicitando sin embargo la exoneración tributaria que corresponderí­a por no ser actividades lucrativas.

Por último, el proyecto se refiere a la programación de las emisoras comunitarias en términos generales que pueden ser reglamentados posteriormente en el sentido de condicionar los contenidos de las emisiones de las radios comunitarias.

Entendemos que este proyecto vuelve a poner el tema de la radiodifusión comunitaria sobre el tapete, el cual sin embargo no puede pensarse seriamente sin un abordaje integral sobre la democratización de las telecomunicaciones en general, que debe procesarse en el marco de un debate amplio sin voces privilegiadas ni opiniones excluidas.

Estamos seguros que se pondrá al corto plazo a consideración del Poder Legislativo este proyecto elaborado por la URSEC, el cual llegará en el marco de una previa campaña de desprestigio y amedrentamiento impulsada contra las radios comunitarias. Ante esto las radios comunitarias nos sentimos en situación de alerta.

Frente a un proyecto represor que amordaza a distintos sectores populares que han encontrado en las radios comunitarias un canal válido de comunicación, y que tipifica como delito desarrollar una actividad que no tiene otro beneficio que el ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad de expresión, decimos que la situación de las radios comunitarias debe ser vista como una cuestión de todo nuestro pueblo, y en la cual se debe intervenir.

Defender estos espacios de comunicación, independientes de los intereses comerciales, y puestos al servicio de las organizaciones sociales del movimiento popular, es una tarea que trasciende -hoy más que nunca- a las propias radios comunitarias, e implica un esfuerzo colectivo de amplia convocatoria.

¡ ¡A las radios comunitarias no las callarán!!

Por la democratización de los medios de comunicación. Por la libertad de expresión.

Radios comunitarias: herramientas de comunicación popular.
ECOS "“ Coordinadora de Radios Comunitarias del Uruguay.