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La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid "manipula datos e insulta al profesorado"
Recibida de CC.OO. Madrid el 20-11-2009 a las 03:11

CCOO exige la rectificación inmediata de la consejera de Educación por sus declaraciones en sede parlamentaria contra los profesores de la enseñanza pública no universitaria. Lucía Figar acusa veladamente -sin pruebas, infringiendo varios derechos individuales y colectivos y saltándose a la torera el procedimiento administrativo- de un delito grave, como es el cometer fraude, a varios miles de funcionarios de la Comunidad de Madrid: 5.000 docentes que se ausentan diariamente de su trabajo, 3.000 de ellos usando bajas fraudulentas para justificar la ausencia, y varios cientos de médicos que, en el ejercicio legítimo de su función y de su profesión, firman y dan esa baja.

La consejera de Educación afirmó en la Asamblea de Madrid que un informe de la Consejería dice que, de los 49.492 docentes no universitarios de la red pública que prestan sus servicios en los centros madrileños, 5.000 faltan al trabajo cada día, de los cuales 3.000 son por Incapacidad Temporal.

Esto obliga, según el informe, a que o bien sean sustituidos o de que los centros dispongan de unas plantillas sobredimensionadas para poder hacer frente a las contingencias que vayan presentándose y poder seguir ofreciendo el servicio público educativo.

Además, el informe habla de "bajas fraudulentas" y asegura que la parte del absentismo no justificada supone "un abuso de la confianza depositada por los ciudadanos en que el esfuerzo que realizan pagando sus impuestos se destina adecuadamente al cumplimiento eficaz y eficiente de los servicios que recibe a cambio".

Para CCOO estas declaraciones solo sirven para desprestigiar injustamente a unos trabajadores que cumplen con su trabajo, y a los que se les niega su derecho a la salud, a la intimidad, a la presunción de inocencia y a la defensa ante acusaciones tan graves e infundadas.

Las familias y toda la ciudadanía deben saber que, según ha declarado, Francisco García, secretario general de CCOO Enseñanza de Madrid, que no se debe decir que hay que aumentar la consideración social del profesorado y proponer que se le nombre autoridad pública, para al día siguiente acusarle de tener bajas fraudulentas o de abusar de la confianza de los ciudadanos porque son mensajes contradictorios entre sí, y tal vez un delito de desacato a aquella autoridad pública que se proclama.

Esta infundada acusación de la consejera es otra cortina de humo porque están a punto de presentar los presupuestos más regresivos de la última década desde las transferencias educativas. Cuando propone el Gobierno de Esperanza Aguirre un recorte importante en el gasto en la enseñanza pública, que va a suponer menos plantilla y menos dinero para atender en el año 2010 a más alumnos y alumnas, y la oposición le pregunta por ello, la consejera contesta que los "profesores faltan a su trabajo”.

Esa respuesta es una desvergüenza y una falta de respeto al profesorado, erosiona la figura del profesor, y además, no se puede desinformar y acusar falsariamente, porque cuando los profesores faltan a clase y tienen la baja médica su derecho a la salud deben ejercerlo y es ilegal e inhumano cuestionarlo, pero además, si no entregan ese parte de baja médica, la Dirección del centro comunica esa ausencia a la Consejería como falta injustificada y "se le descuenta el sueldo" al profesor o profesora. Luego cuando acusa la consejera se acusa de negligencia y ofende y acusa, también gratuita e injustamente, a los médicos.

CCOO pide a los 49.492 docentes y a todos los ciudadanos que se rebelen contra los responsables de un Gobierno que en lugar de gestionar eficazmente los servicios públicos, agreden a los funcionarios públicos, privatizan el servicio educativo, recortan plantilla, reducen la cuantía de las becas… Por eso llama a todos, principalmente a la comunidad educativa a defender a sus profesores y a asistir a la concentración que CCOO, UGT, CSIF, CSIT y STEM convocan el día 10 de diciembre, a las 18 horas, ante la Consejería de Educación (Alcalá, 32).




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