Los datos sobre la siniestralidad laboral en los cuatro primeros meses del año no pueden ser más desalentadores. En este periodo, cerca de 4.000 trabajadores han sufrido un accidente grave, muchos de cuales quedarán marcados con minusvalí­as invalidantes. Al mismo tiempo, 337 trabajadores han perdido la vida mientras realizaban su trabajo. Esta situación es tan sólo la punta del iceberg de las consecuencias, por un lado, del incumplimiento impune por parte de los empresarios de las obligaciones preventivas que les impone la legislación en vigor desde hace más de cinco años y por otro, de la obsesiva y contí­nua degradación y precarización del mercado laboral acentuada con la reforma laboral aprobada por el Gobierno en el pasado mes de marzo.

Durante los cuatro primeros meses del año se producido 628.000 accidentes de trabajo (un 6,6 % más) casi 40.000 más que en el mismo periodo del año anterior, de éstos, más de la mitad fueron con baja y durante la jornada de trabajo y 3.889 se calificaron como graves, un 5 % y un 3,6 % más, respecto a los cuatro primeros meses del año anterior.
Respecto a los sectores de actividad, se mantiene la tendencia alcista de la siniestralidad en Servicios con 134.685 accidentes con baja durante la jornada laboral, lo que supone un 8,4 % más que en el mismo periodo del año anterior y el sector de la Construcción con 78.345 accidentes con baja en jornada laboral con un 7,4 % más que durante los primeros cuatro meses del año 2000. Es en estos dos sectores donde la desregulación de la reforma del mes de marzo tiene una incidencia más negativa, por ser los sectores que soportan el mayor grado de temporalidad (construcción el 70 % de los contratos son temporales) y en donde la precarización es más acusada. El uso abusivo y fraudulento en la construcción de la subcontratación de actividades y la utilización mayoritaria de trabajadores autónomos e inmigrantes ilegales, está produciendo un subregistro importante de la siniestralidad en este sector, sin embargo el Gobierno se niega sistemáticamente a regular estas situaciones.
Por Comunidades Autónomas, la siniestralidad se disparó fundamentalmente en Cantabria con un 9,5 % de aumento de la siniestralidad; Euskadi con un 9 % más; Catalunya con un 7 % más; Madrid con un 9,9 % más y Baleares con un 8,4 % más de accidentes respecto al mismo periodo del año anterior.

Prueba de la falta de voluntad polí­tica es el hecho de que a un año de la constitución de la Mesa de Diálogo Social sobre Salud Laboral, esta solo se ha reunido en tres ocasiones y todaví­a no se ha tratado ninguno de los temas que presentamos los sindicatos en su constitución en julio de 2000. Ante esta situación nuestro sindicato seguirá denunciando la falta de sensibilidad y voluntad polí­tica para atajar este problema y proponiendo medidas concretas para cambiar esta dramática situación. Entre ellas: la puesta en marcha del Plan de Formación Nacional; el desarrollo del artí­culo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre coordinación de Actividades Preventivas en Empresas que comparten el mismo centro de trabajo; la regulación de la subcontratación; intensificar y coordinar las actuaciones en las empresas que acumulan mayor siniestralidad, con la participación real de los agentes sociales; denunciar la prórroga injustificada de los reconocimientos médicos generalizados; y priorizar la vigilancia de la Salud de los trabajadores, tal y como venimos planteando en el actual proceso de diálogo social.

No obstante, UGT considera positiva la Instrucción de la Fiscalí­a General del Estado como respuesta al continuo deterioro de la salud laboral de los trabajadores motivado por los incumplimientos de los empresarios y la apatí­a del Gobierno en elaborar polí­ticas activas. Parte del contenido de dicha Instrucción, es fruto de las conclusiones de las Jornadas que el pasado mes de mayo se realizaron en Madrid con la participación de la Inspección de Trabajo, los Fiscales Jefe de todas las provincias y los Agentes Sociales, en dicha Instrucción, se considera la creación de servicios especí­ficos de siniestralidad laboral con exclusividad en las actuaciones de los fiscales en esta materia. Igualmente, consideramos un avance, que por parte de la Inspección de Trabajo en las jornadas realizadas en Lanzarote el pasado dí­a 8 de junio, fruto de la cual, deberá elaborarse una Circular, en la que se deberá tener en consideración prioritaria las actuaciones a llevar a cabo por la Inspección de trabajo respecto a la implantación de medidas preventivas en los lugares de trabajo.

UGT considera estas actuaciones un paso adelante, aunque claramente insuficiente para poner lí­mites al continuo deterioro de las condiciones de seguridad y salud a las que están sometidos los trabajadores y trabajadoras de nuestro Paí­s en el trabajo.