El Gobierno de Canarias pretende desviar la atención de su nefasta gestión de la Educación Pública Canaria, al tiempo que justificar los brutales recortes que pretende introducir en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 2010 (más de 40 millones de euros sólo en el ámbito de la Educación Pública), desacreditando a los 25000 docentes de Canarias al acusarlos groseramente de “enfermar injustificadamente” para no cumplir con sus obligaciones profesionales.

No sólo atenta gratuitamente el Sr. Soria contra la honestidad y honorabilidad de los trabajadores públicos sino también, contra la capacidad profesional y la competencia de los facultativos que expiden las correspondientes bajas médicas bajo estrictos criterios médicos.

Detrás de estas burdas declaraciones, más propias de un potencial dictador que de un gobernante democrático, se esconde el intento de justificar el recorte previsto de 28 millones de euros para la cobertura de sustituciones en el ámbito de la Educación Pública lo que, sin lugar a dudas, generará el que no se puedan cubrir adecuadamente las sustituciones del profesorado canario durante el próximo año. Como ya se ha hecho patente recientemente por el conjunto de la Comunidad Educativa (Federaciones de AMPAS, organizaciones estudiantiles y sindicatos docentes) si en la actualidad las sustituciones se cubren de forma claramente deficitaria, la disminución de 35 a 7 millones de euros, anunciada en la partida presupuestaria correspondiente a la cobertura de sustituciones para el 2010, generará un caos sin precedentes en los centros educativos al no cumplirse con el requisito indispensable de que todos los grupos de alumnos/as cuenten en todo momento con un docente para impartir la adecuada actividad lectiva.

Resulta evidente que las declaraciones del Sr. Soria apuntan a un claro incremento de la presión que, sobre los trabajadores de la enseñanza, ejercen los servicios de inspección médica hasta el punto de situarse en el terreno del estricto acoso laboral, con independencia de cualquier criterio médico, lo que reiteradamente ya se ha denunciado desde el STEC-IC.

Desde el STEC-IC entendemos que con estas actitudes el Gobierno de Canarias sólo pretende desacreditar al colectivo docente ante la opinión pública, en un obsceno intento de justificar lo injustificable: la apuesta decidida del Gobierno de Canarias por el desmantelamiento y la privatización de la Educación Pública Canaria y la necesidad de hacer frente a millonarias indemnizaciones judiciales, producto de su ineficaz gestión de los asuntos públicos.

Por todo ello, desde el STEC-IC se exige la inmediata dimisión del Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda, D. José Manuel Soria, al tiempo que anuncia que desde sus servicios jurídicos se están estudiando detalladamente las declaraciones del Sr. Soria a fin de presentar la oportuna demanda por atentar contra la honorabilidad y honestidad del colectivo docente de Canarias.