La secretaria general de la Federación de Comercio de CCOO de Madrid, Paloma Vega, considera "muy preocupante" la situación del comercio al por menor en nuestra región, teniendo en cuenta que las menores ventas comerciales que se están produciendo a lo largo del último año acarrean un descenso de la ocupación en el comercio minorista del -5% en términos interanuales y del -4,4% en la media de lo que va de año.

Las mayores pérdidas de actividad se producen en la venta de equipos del hogar y equipamiento personal. En cuanto a las empresas más afectadas, las mayores caídas de ventas se dan en estaciones de servicio, pequeñas cadenas comerciales, pequeño comercio y grandes superficies. Son precisamente las grandes superficies las que pierden hasta un -9,6% de su empleo en términos interanuales, seguidas de las pequeñas cadenas, con más de un 5% de caída. Mientras, el pequeño comercio es el que menor bajada de la ocupación experimenta, con un -3,1%.

Paloma Vega ha hecho un llamamiento a la Comunidad de Madrid para que "no abandone a su suerte" al sector comercial madrileño, reivindicando la integración de las diferentes modalidades comerciales, estableciendo limitaciones a la liberalización total de horarios comerciales. Madrid necesita un plan director del comercio coordinado con la planificación urbanística que permita ordenar la actividad comercial a nivel regional y apostar por la estabilidad, complementariedad y futuro del comercio madrileño.

Vega ha exigido al Gobierno regional la reconsideración del anteproyecto de ley de medidas liberalizadoras y de apoyo a la empresa madrileña, teniendo en cuenta que en un momento de crisis como el que vivimos "es una auténtica temeridad eliminar todo tipo de controles a la instalación de grandes superficies comerciales". En este sentido, CCOO y UGT han mostrado su discrepancia con esta ley a través de un voto particular del grupo sindical en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

Según Vega, la Comunidad de Madrid "ha despreciado el diálogo y la negociación con los pequeños y medianos empresarios, con las pequeñas cadenas y con los propios representantes legítimos de los trabajadores del sector a la hora de tramitar un anteproyecto de ley que intenta sin éxito y con muchos riesgos transponer la directiva de servicios de la Unión Europea en nuestra comunidad, sin que aún contemos con un marco estatal de transposición de esta directiva". "El Gobierno Aguirre vuelve a desvirtuar políticas de ámbito nacional en función de sus intereses particulares", concluye la representante sindical.