Como hemos denunciado junto con centenares de organizaciones de inmigrantes y movimientos sociales, esta reforma supondrá, entre otras cosas, un aumento de los días de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), recortará el derecho a la reagrupación familiar y la vida en familia, legalizará la expulsión de menores no acompañados, criminalizará la hospitalidad y acogida de inmigrantes y pondrá serias trabas administrativas para que los inmigrantes sin papeles puedan acceder a derechos básicos como la salud y la educación.

Estas medidas se encuentran en absoluta concordancia con la llamada “Directiva de la Vergüenza” redactada por Sarkozy, Merkel y Berlusconi y demuestran con absoluta claridad que las propuestas del gobierno de Rodríguez Zapatero en materia de inmigración se asemejan cada vez más a las de la derecha más reaccionaria: aumento de la represión, racismo institucional y recorte de derechos. De este modo se pretende condenar al miedo y la invisibilidad más absoluta a los trabajadores inmigrantes, disciplinando a una de las poblaciones que más esta sufriendo los efectos de la crisis.

Bajo las órdenes de Alfredo Perez Rubalcaba se asienta en España una situación que nos retrotrae a las peores épocas del continente europeo: redadas masivas, detenciones arbitrarias por rasgos físicos, violación sistemática de los derechos humanos y la institucionalización de políticas de corte racista y xenófobas que condenan a millones de personas a ser ciudadanos de segunda categoría simplemente por haber nacido en otro país.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) reiteramos nuestro más profundo rechazo ante estas medidas emprendidas por el gobierno contra la población inmigrante y llamamos al conjunto de l@s trabajadores (sin importar la situación administrativa, el país de nacimiento o el color de piel) a que nos movilicemos de forma conjunta para exigir una igualdad plena para todas las personas y la conquista de derechos frente a un gobierno que responde exclusivamente a los intereses patronales y condena al conjunto de la población al paro y la precariedad.

Lejos de las declaraciones irresponsables de la clase política y del racismo más o menos explicito inoculado en la población, l@s trabajador@s autócton@s y l@s inmigrantes compartimos situaciones similares y por ello debemos luchar juntos por una vida digna para todos sabiendo que a los responsables de esta crisis hay que buscarlos en las sedes de los grandes partidos, empresas y organizaciones financieras.

Ninguna persona es Ilegal.