Esta mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Israel emitió una resolución que permite el traslado forzoso de dos palestinos desde su localidad natal de Nablús hasta la Franja de Gaza por ayudar presuntamente a su hermano a perpetrar atentados contra israelí­es.

Los dos palestinos, Intisar y Kifah \’Ajuri, llevan detenidos desde el 4 de junio y el 18 de julio, respectivamente, pero no han sido acusados de ningún cargo y no se ha iniciado ningún procedimiento para llevarlos a juicio. El gobierno israelí­ alega que no puede juzgarlos porque, al hacerlo, expondrí­a a la fuente que ha proporcionado las pruebas contra ellos.

Amnistí­a Internacional ha declarado: "La resolución de hoy permite en la práctica que se cometa una violación grave de uno de los principios más fundamentales de las normas internacionales de derechos humanos: el derecho de cualquier acusado a ser juzgado con las debidas garantí­as y a rebatir cualquier prueba en su contra".

Intisar y Kifah \’Ajuri son hermana y hermano de Ali \’Ajuri, que fue ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad israelí­es el 6 de agosto de 2002 cerca de Nablús y que, al parecer, habí­a estado implicado en la organización de atentados suicidas en los que murieron varios israelí­es. A Intisar \’Ajuri la acusan de haber ayudado a su hermano, entre otras cosas, cosiendo cinturones para los explosivos utilizados por los autores de los atentados suicidas, y a Kifah \’Ajuri lo acusan de haber proporcionado a su hermano un lugar donde esconderse y haber actuado de vigí­a para él.

Amnistí­a Internacional ha declarado: "Toda persona sospechosa de un delito común reconocible como tal debe ser acusada y juzgada sin demora. De lo contrario, debe ser puesta en libertad".

La resolución de hoy también permite que se cometa una grave infracción del derecho internacional humanitario. Según el Convenio IV de Ginebra, los palestinos que viven en los territorios que llevan bajo ocupación israelí­ desde 1967 son personas protegidas.

Amnistí­a Internacional ha manifestado: "El traslado forzoso e ilegal de personas protegidas constituye un crimen de guerra tanto en virtud del Convenio IV de Ginebra como en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Según el Estatuto de Roma, estas violaciones de derechos humanos pueden constituir además un crimen de lesa humanidad".

En su resolución de hoy, el Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado que el traslado forzoso a la Franja de Gaza sólo puede utilizarse para personas que hayan estado implicadas personalmente en delitos graves, y no puede utilizarse como medida disuasoria. Sin embargo, Amnistí­a Internacional considera que el gobierno y el ejército de Israel están utilizando este traslado forzoso e ilegal de familiares de personas presuntamente responsables de atentados contra israelí­es como una forma de castigo colectivo. Este tipo de medida está prohibida por el artí­culo 33 del Convenio IV de Ginebra, que establece: "No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido". La decisión anunciada hoy por el Tribunal Superior de Justicia ha sido elúltimo paso del procedimiento de apelación del que disponen Intisar y Kifah \’Ajuri. El proceso se inició cuando, el 1 y el 4 de agosto de 2002, el comandante de la Fuerza de Defensa Israelí­ en Cisjordania emitió órdenes para el traslado forzoso e ilegal de los dos hermanos y de otro hombre.