El Gobierno de Canarias no ha hecho valer los intereses de nuestro territorio en las negociaciones con el Gobierno español, ha bendecido el espectáculo de supuestas inversiones inexistentes y para colmo ya se ha anunciado unos 140 millones de euros menos para Educación y Sanidad, de los cuales 70 corresponden al área educativa.

El Gobierno de Canarias le ha ocultado, además, a los representantes legítimos del profesorado –los sindicatos representativos- el Presupuesto para el año 2010, negándose a entregarnos e informarnos del documento de “Borrador de Presupuesto” y enviando dicho Documento al Consejo de Gobierno para su próxima aprobación. Este Gobierno ha roto todos los Acuerdos, el diálogo y toda negociación.

Los servicios públicos han dejado de ser progresivamente una prioridad para el Gobierno de Canarias. La falta de recursos a todos los niveles que sufre la Educación pública en Canarias y estos nuevos recortes presupuestarios colocan al servicio público educativo en una situación insostenible para el aprendizaje del alumnado, al tiempo que precariza las condiciones laborales del profesorado. La reducción drástica de las plantillas es una primera consecuencia y traerá despidos masivos.

Los grandes y únicos perdedores, la mayoría de la población de Canarias. A pesar de que contamos con uno de los mayores índices de paro y de fracaso escolar, a pesar de la necesidad imperiosa de formación para poder competir en el mercado laboral en el ámbito estatal y europeo, a pesar de los índices de pobreza y de exclusión social que padece Canarias, este Gobierno abandona los servicios esenciales, véase la Educación y Sanidad, servicios que se deberían prestar por necesidad y por derecho a todo ciudadano/a.

Este Gobierno despilfarra el dinero que pagamos en impuestos. El fracaso de su gestión se agrava con la obligatoriedad de pagar un día sí y otro también indemnizaciones judiciales, con el dinero de todos y de todas. No hacen bien las cosas y las consecuencias de sus desaguisados las pagan los bolsillos de la ciudadanía.

Exijamos al Gobierno un cambio de rumbo en su política. Sólo la unidad de todos los Agentes implicados en el ámbito educativo pueden forzar una defensa de la Escuela Pública.

El STEC-IC exigirá al Gobierno que contemple en su agenda la Educación pública como prioridad, que cese con su política hostil, que abra el diálogo y la negociación.