En las últimas semanas el intenso trabajo de sensibilización de los grupos parlamentarios realizado por estas entidades (con el apoyo de más de 500 organizaciones sociales de todo el Estado) a través de la propuesta de decenas de enmiendas al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros ha permitido que la reforma aprobada hoy incluya alguna mejora relevante, como la posibilidad (contemplada en el artículo 62 bis.3) de que las organizaciones sociales legalmente constituidas en España puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Sin embargo, en el proyecto finalmente aprobado se han incluido importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España. Cáritas, CEAR y la Red Acoge quieren llamar la atención especialmente sobre las siguientes:

– El artículo 17 restringe de manera injusta la reagrupación familiar de los ascendientes de la persona inmigrante, lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social.
– El artículo 31 bis, a pesar de las mejoras introducidas, eleva a rango legal la obligatoriedad de iniciar un expediente sancionador a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género, lo que objetivamente desincentivará estas denuncias.
– Los artículos 53.1c) y 53.2c) establecen el aumento de las sanciones a quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular. Esto supondrá, por ejemplo, que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública, en un momento de especial preocupación.
– Por último, lamentamos que el artículo 62 mantenga el incremento del período máximo de internamiento en los CIE de 40 a 60 días.

Interlocución con los grupos políticos en el Senado

A lo largo de las próximas semanas, CEAR, Cáritas y Acoge proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de las personas inmigrantes.
Al mismo tiempo, reiteramos nuestra apuesta por construir una política de inmigración basada en un gran consenso social que defina un modelo de integración de las personas inmigrantes en España. Esta opción exige que nuestro país, a casi dos meses de asumir la Presidencia de turno de la Unión Europea, lidere un cambio profundo de las políticas comunitarias, en la línea opuesta al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo aprobado en octubre de 2008.