Por todo ello se le solicita que se nos comunique debidamente el tratamiento que se le ha dado a las alegaciones que esta entidad ha presentado a la Consejería de Justicia, en el plazo establecido y conforme a los requerimientos para este tipo de procedimiento, o sea, RESPONDIENDO POR ESCRITO.

RMHSA DE CGT.A SOLICITÓ EN LAS ALEGACIONES, LO SIGUIENTE:

a.- Personarnos en el expediente de localización, exhumación, identificación y tratamiento de los restos humanos que en su caso se puedan hallar en la fosa común denominada de Alfácar/Víznar (Granada) en donde presumiblemente se encuentran los restos de Joaquín Arcollas Cabezas, junto a otras personas.
b.- En consecuencia, tener acceso a toda la documentación que se genere en este proceso y a ser oído en cuantas decisiones puedan afectar al proceso de exhumación y tratamiento del caso.
c.- Trasladar nuestra posición favorable a la localización de la fosa, la exhumación e identificación de los restos, así como la entrega de los que correspondan a Joaquín Arcollas Cabezas a RMHSA tal como dispone la Ley 52/2007 (conocida como de la Memoria Histórica).

Concretamente el escrito, ahora presentado en el Registro, se le manifiesta, al Comisario, que:

A través de profesionales de los medios de comunicación hemos podido conocer el contenido del Convenio para los trabajos de exhumación e identificación de los restos que puedan aparecer en las fosas comunes de Alfacar, firmado el pasado viernes 17 de Octubre en Granada por parte de la Consejera de Justicia y Administraciones Públicas, la Diputación de Granada, El Ayuntamiento de Alfacar, la Universidad de Granada y la Asociación RMH de Granada.

A dicho acto fui expresamente invitado indicándome que en él se daría a conocer el tratamiento que se iba a dar a las alegaciones recibidas sobre este proceso. De este hecho, y de haberse previsto para mí un lugar en la zona reservada a los familiares de las víctimas que posiblemente se encuentren en dichas fosa, se podría deducir que la alegación presentada por RMHSA de CGT.A ha sido considerada favorablemente. Nuestro propósito no es otro que participar en este proceso representando los intereses de al Joaquín Arcollas Cabezas dado que, sin descendencia conocida, podría quedar excluido de las decisiones que se habrán de tomar. El argumento, de forma simplificada, es considerarnos “familia ideológica” dada su conocida adscripción al sindicato CNT, pero lo que nos preocupa es que tal como está concebida la regulación de las exhumaciones muchas víctimas podrían quedar desprotegidas si las administraciones no asumen su responsabilidad en forma equivalente a si tuviera familia biológica. En el caso de Joaquín Arcollas el argumento esgrimido nos permite ejercer esa representación, pero ¿en qué situación van a quedar tantos casos de víctimas sin que haya un familiar que esté en condiciones de interesarse y disponer de recursos para participar de forma activa? La cuestión no es baladí y apunta a que en este asunto tenemos una responsabilidad colectiva que como sociedad democrática, y por ello especialmente particular de los poderes públicos, tenemos con nuestro pasado reciente, mal cancelado por razones conocidas.

A la finalización del acto le manifesté personalmente mi interés por conocer los detalles de la resolución de la Consejería de Justicia a las alegaciones presentadas, así como sobre la articulación prevista para mantenernos informados de los pormenores de la exhumación e identificación de los restos de Joaquín Arcollas. Su respuesta fue que todo ello estaba recogido en el Convenio. Una vez analizado el texto de dicho convenio no encontramos ningún tipo de información respecto a quién, cómo y cuándo se nos informará, así como a través de qué medio e interlocución podemos trasladar nuestra opinión sobre el proceso.

Ni directa, ni indirectamente, se recoge en el texto del Convenio nuestra existencia, ni la de ningún otro familiar, siendo nuestra intención defender los intereses -como víctima- de Joaquín Arcollas Cabezas. Tampoco encontramos aclaraciones sobre el modo y las condiciones en que se nos entregarían sus restos.

Por otro lado, y según lo que hemos leído en los medios de comunicación, la zona donde se encuentran las fosas comunes localizadas en el Parque Federico García Lorca será declarada “apta para enterramientos” o sea, un cementerio de acuerdo a la legislación vigente, cementerio que entendemos será de titularidad municipal según ha anunciado el Ayuntamiento que ha procedido a la recalificación de este suelo. De alguna forma esta decisión prefigura el tratamiento que habrá de tener esta singular fosa común de víctimas del golpe militar del 36. Entendemos que estas medidas podrían dar respuesta a algunas de las cuestiones planteadas, que sólo podríamos confirmar a partir de una información veraz y completa, por parte los interlocutores pertinentes y en el marco adecuado para poder participar desde los intereses que representan cada una de las partes. Pero, de nuevo nos encontramos con dudas y preguntas que creíamos iban a ser aclaradas en el acto de Granada. No ha sido así como ya le hemos expresado.

Por todo lo cual, nos dirigimos a Ud. solicitando que se nos comunique debidamente el tratamiento que se le ha dado a las alegaciones que esta entidad ha presentado a la Consejería de Justicia, en el plazo establecido y conforme a los requerimientos para este tipo de procedimiento, con el fin de poder participar en las mejores condiciones para guardar la memoria de Joaquín Arcollas.