Hay que recordar el Plan 2000 E tiene como objeto subvencionar la compra de vehículos con bajas emisiones y con un límite de precio, por medio de aportaciones del Estado, fabricantes y comunidades autónomas (500, 1.000 y 500 euros respectivamente), comunidades que en su inmensa mayoría se han adherido al plan, con las excepciones de Madrid y La Rioja.

De acuerdo con los datos de ventas de coches de los últimos meses, este Plan está teniendo un impacto significativo en el sector, con un incremento total en septiembre del 18%, después de 16 meses de descensos, por lo que para el sindicato resulta incomprensible la negativa del Gobierno regional a participar en esta iniciativa. Negativa que para CCOO sólo se puede explicar por el enfrentamiento sistemático, al margen de los intereses de los madrileños, que mantiene Esperanza Aguirre con el Gobierno de Zapatero.

El aumento de ventas producido por este plan de estimulo, que además ha coincidido con medidas similares en otros países europeos, ha permitido a los fabricantes españoles, los mas favorecidos al producir los modelos pequeños que se están subvencionando, mejorar la crítica situación en que se encontraban.

Frente a este tipo de incentivos, que además de su impacto en la economía, favorecen el medio ambiente al suponer la renovación del parque automovilístico con vehículos menos contaminantes, el Gobierno regional ha puesto en marcha su propio plan, que consiste en subvencionar el 20% del impuesto de matriculación, impuesto que no pagan los coches con menos emisiones, por lo que no reciben en Madrid ninguna ayuda, mientras que los coches de alta gama y 4X4 resultan los mas beneficiados.

Unido a lo anterior, este posible incremento de aproximadamente el 46% de las ventas, en una de las Comunidades con mayor capacidad de compra, habría supuesto una importante inyección económica asimismo para los concesionarios de coches.

Por último, hay que señalar que, a partir de un cálculo muy conservador de 12.000 euros por vehículo, se ha renunciado a unos ingresos de alrededor de 90 millones de euros en concepto de IVA, de los cuales mas de un tercio habría ido a las menguadas arcas autonómicas.

Para el secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, “el Gobierno regional responde a la gravedad de la crisis únicamente con medidas de propaganda ideológica sin efecto real sobre la economía y con el conflicto con las otras administraciones. Es necesario que este Gobierno rectifique y asuma sus responsabilidades".