CCOO denuncia que la ONCE ha emprendido una política claramente antisocial, utilizando para su validación la complicidad de su sindicato de empresa UTO-UGT. Las medidas más nocivas y antisociales pueden resumirse en:

* Todo el personal de nuevo ingreso cobrará un 30% menos que los fijos de plantilla. Rompen el principio de “a igual trabajo, igual salario”.

* Despiden y/o no contratan como vendedores a personas ciegas o con otras discapacidades con el argumento de que son poco rentables o de que padecen patologías que pueden inferirles largos procesos de incapacidad temporal. Quiebran así el fundamento de que la venta de productos de la ONCE tuvo como origen la integración laboral de las personas ciegas y la solidaridad con otros discapacitados.

* Extinguen y/o rompen la contratación en curso, para lucrarse de la aplicación de la doble escala salarial, pagando a los ingresados a partir de octubre sólo el 70% del salario de la respectiva categoría profesional.

* Desmantelan la red de centros de la ONCE, cerrando centros por toda España, alejando con ello los servicios respecto a sus destinatarios y provocando graves perjuicios al personal que en ellos prestaba sus servicios (despidos, traslados forzosos, etc.).

* Imposición al personal del copago de la prima de una póliza sanitaria complementaria que venía siendo gratuita y necesaria por la condición de personas con discapacidad de la mayoría de la plantilla.

Regulan en el proyecto de presupuestos 2010 la previsión de levantar los quioscos que no alcancen una venta semanal de 2.390 euros. Con ello atentan contra los derechos consolidados de los vendedores, contra su salud y contra la política de venta a cubierto, pues existen hoy multitud de quioscos que no alcanzan la rentabilidad fijada y la Dirección contribuye con sus medidas a descapitalizar la venta de los quioscos, trasladándola a personas y empresas interpuestas.

Desde CCOO se consideran muy graves estas medidas antisociales y totalmente contrarias a la misión institucional de la ONCE. Las adoptan unos altos directivos con sueldos millonarios que recibieron en 2008 una subvención de 71 millones de euros del erario público para equilibrar el balance y las cuentas anuales, resultantes de una mala gestión comercial de la que es conocedora la ministra de Sanidad y Política Social, pues se le ha dado traslado de esta situación por CCOO así como por los grupos políticos de oposición de la entidad, sin que hasta ahora Trinidad Jiménez se haya dignado siquiera a contestarnos, por contra, el Ministerio, que hoy asume la tutela de la ONCE, va a posibilitar que la entidad comercialice sus juegos de forma generalizada al margen de su plantilla, es decir perdiendo la vertiente histórica de que los juegos de la ONCE lo venden sólo personas discapacitadas, ahora crean una Unión Temporal de Empresas con la multinacional de juego GTECH y el líder europeo de redes de distribución Logista, antigua Tabacalera. Con esta UTE van a vender productos ONCE a través de quioscos de prensa, estancos, gasolineras, etc.

La Dirección de la ONCE, con la complicidad del Gobierno, hace saltar los límites y corsés que regían su actividad, sin que a cambio se cautele que la ONCE siga desplegando su papel social y que asuma como costes sociales aquello que durante más de 70 años estaba en su razón de ser.