Esta onfederación, pide al Gobierno central que, para evitar nuevas situaciones similares en un futuro, desarrolle un Real Decreto de Participación que impulse y regule la obligación que tienen las administraciones educativas, derivada del artículo 27 de la Constitución Española, de fomentar los cauces de participación de los padres y madres del alumnado y, en especial, su derecho de asociación reconocido en nuestro texto constitucional. El Real Decreto debe formar parte del pacto educativo y reconocer los derechos del movimiento asociativo de las APAS.

CEAPA, por otro lado, solicita a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que reconsidere su actitud y vuelva a una senda de diálogo y colaboración con la FAPA Francisco Giner de los Ríos, mayoritaria en la representación de los padres y madres en dicha comunidad y que siempre ha mantenido, y mantiene, una actitud de proposición constructiva, a la vez que reivindicativa y de denuncia, respecto de la política educativa desplegada por las distintas administraciones educativas madrileñas.

Además, recuerda a la sociedad española, y a la madrileña en particular, que no cabe reclamar una participación activa de los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas y, a la vez, dinamitar sus legítimos cauces de participación.

En un momento de debate ante un posible Pacto por la Educación, sería una contradicción acometerlo sin la implicación de los padres y madres, por lo que no parece muy lógico que se legisle de forma que se violenten sus derechos, alejándoles de los centros educativos y de los espacios de diálogo y consenso de los que nos hemos dotado dentro de nuestro marco democrático.