Datos y cifras Generales

* En el mundo, más de 200.000 comunidades (1.000 millones de personas) pueden definirse como asentamientos precarios.

* Según algunas previsiones, unos 2.000 millones de personas vivirán en asentamientos precarios en 2030.

* Se calcula que entre el 30 y el 50 por ciento de los residentes en áreas urbanas de los países en desarrollo carecen de documentos legales que garanticen su seguridad de tenencia, según un informe realizado por ONU-Hábitat que cubre el periodo 2006/7.

* Entre los ODM se encuentra el de mejorar las vidas de 100 millones de personas que viven en asentamientos precarios antes de 2020. Sin embargo, este objetivo ignora las necesidades de los otros 1.300 millones que, según estimaciones conservadoras, habitarán en asentamientos precarios para entonces. Incluso si la población actual de los asentamientos precarios no crece al ritmo previsto, la comunidad internacional se ha comprometido a mejorar las vidas de sólo una de cada 10 personas cuya vivienda es insegura e inadecuada. Los 900 millones restantes seguirán sufriendo las violaciones de derechos humanos que acompañan a la vida en los asentamientos precarios.

* En Italia, las personas de etnia romaní no tienen acceso al sistema público de salud y a otros servicios sociales porque el Estado no ha autorizado sus viviendas.

* En Eslovaquia, los asentamientos de romaníes carecen de servicios públicos como escuelas, centros de salud, hospitales.

* En Nairobi, Kenia, el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE) destacó que aunque el 55 por ciento de la población de la ciudad vivía en asentamientos informales, estos residentes quedaban excluidos de los procesos de planificación y presupuestación a nivel municipal.

* En 2006, los datos oficiales relativos a la ciudad de São Paulo mostraban una acusada diferencia entre el índice de homicidios en el distrito pobre de Brasilândia (46,24 por cada 100.000) y el del barrio más acomodado de Vila Mariana (14,95 por cada 100.000).

Información por regiones

África

Angola

Desde julio de 2001 más de 10.000 familias en Luanda se han quedado sin hogar después de haber sido desalojadas por la fuerza de sus hogares. Estos desalojos han sido llevados a cabo por la policía, soldados, municipales y guardias de seguridad privados, ayudándose frecuentemente del uso de fuerza desmesurada y de armas. La policía en algunas ocasiones arrestó a aquellos que se resistían a ser desalojados así como a miembros de la ‘Organización local de derechos de las viviendas’ (SOS-Habitat), que trataban de persuadir a las autoridades de que parasen estos desalojos forzados.

Unas pocas familias han sido compensadas por sus pérdidas. Algunas han sido realojadas a unos 30-40 kilómetros de la ciudad, en áreas sin trabajo, escuelas, hospitales, servicios básicos o salubridad. Sin embargo, la mayoría han sido abandonados a su suerte. Muchas personas han sido víctimas de desalojos forzados repetidamente y cientos de familias se han quedado sin refugio, viviendo en las ruinas de sus antiguas casas.

En el año 2002, con el fin de 27 años de guerra civil, aparecieron nuevas oportunidades de desarrollo y reconstrucción que incrementaron la presión por el suelo urbano. Aunque se han producido desalojos forzosos desde el año 2006, la mayoría de la población de Luanda (estimada en 4,5 millones) sigue corriendo el riesgo de perder sus hogares debido a la construcción de viviendas de lujo, oficinas y otros proyectos de infraestructura.

Chad

El presidente de Chad, Idriss Deby Itno, en febrero de 2008 dictó un decreto que autorizaba la demolición de lo que el texto calificaba de edificios y estructuras construidos de forma ilegal. Los derribos llevados a cabo desde entonces y hasta finales de julio de 2009 han vulnerado en muchos casos las normas internacionales de derechos humanos y la legislación chadiana.

Las autoridades no consultaron prácticamente a ninguna de las familias que se quedaron sin hogar, las avisaron con muy poca antelación o no las informaron en absoluto, y no les han facilitado alojamiento alternativo ni ningún otro tipo de compensación. Se han registrado escenas desgarradoras al haberse visto muchas de ellas obligadas a vivir entre los escombros de sus antiguas viviendas

El gobierno desalojó a algunas familias incumpliendo de manera flagrante órdenes judiciales que prohibían esta medida. En el barrio de Diguel Est, por ejemplo, algunos vecinos que tenían escrituras de propiedad obtuvieron un mandamiento judicial tras acudir a los jueces. Sin embargo, el alcalde de Yamena no respetó la orden y las casas fueron derribadas, lo que provocó que el sindicato de jueces amenazara con iniciar una huelga.

Las imágenes por satélite recogidas en el informe indican que, entre enero de 2008 y enero de 2009, durante alrededor de 385 días, se derribaron más de 3.700 estructuras.

Ghana

Continuaron durante 2008 los desalojos forzosos y los consiguientes desplazamientos internos, sobre todo de personas marginadas.

Guinea Ecuatorial

Desde el año 2003, unas 1.000 familias han sufrido desalojos forzosos debido a la construcción de carreteras, viviendas de lujo, hoteles y centros comerciales. Las casas han sido demolidas tanto en la capital, Malabo, como en el resto del país, en la importante ciudad de Bata y en otros pueblos. Muchas de las casas que han sido demolidas eran estructuras sólidas en barrios bien establecidos y la gran mayoría de sus habitantes poseía títulos de propiedad.

A pesar de las promesas de recolocación para alguna de las víctimas, a día de hoy nadie ha sido realojado o compensado. Además, las casas prometidas a las víctimas, tendrán que ser compradas por un precio supera de lejos la posibilidad de ser pagado, y las casas han sido ubicadas lejos de la ciudad y de trabajos y colegios.

Miles de personas siguen corriendo el riesgo de ser desalojadas ya que las autoridades han emprendido un programa de regeneración urbana. La nueva riqueza que conllevó el descubrimiento de petróleo a mediados de los 90 se ha traducido en una presión por la tierra con fines comerciales y para la construcción de viviendas de lujo. Además, las autoridades han empezado a rehabilitar las principales ciudades y su infraestructura. En muchas ocasiones, los medios de comunicación han hablado de las intenciones hechas públicas por parte de sus autoridades de acabar con el chavolismo en la ciudad.

Kenia

En julio de 2009 la policía avisó a los residentes del poblado de Githogoro, Nairobi, que tenían 72 horas para desmantelar sus casas antes de que los buldózeres, alineados al borde del asentamiento, avanzaran. Los desalojos parecen formar parte de los planes del gobierno de Kenia para construir una nueva carretera, la Circunvalación Norte. Muchas familias llevaban casi 50 años viviendo en el asentamiento, y ahora no tienen más opción que dormir entre los escombros de sus casas. Incluso los retretes comunitarios fueron destruidos, como parte del desalojo forzoso, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades entre los residentes que aún permanecen allí y que carecen de acceso adecuado a agua no contaminada y otros servicios esenciales.

Desde el establecimiento de los primeros asentamientos informales de Kenia, en el país se han llevado a cabo periódicamente desalojos forzosos en gran escala que contravienen las normas internacionales de derechos humanos. En un informe publicado en junio de 2009, Amnistía Internacional registró que hasta 127.000 personas en Nairobi corrían peligro inminente de que sus hogares improvisados y sus negocios informales fueran demolidos a causa de un plan encabezado por el gobierno para limpiar la cuenca del río.

Nigeria

En 2008, Nigeria continuó violando el derecho a una vivienda adecuada. Sólo en Lagos, más de un millón de personas vivían en barrios marginales.

Las autoridades no proporcionaron indemnización o una vivienda alternativa a las personas desalojadas de sus hogares. Algunas comunidades se enfrentaban a su tercer desalojo forzoso. En Lagos se llevaron a cabo numerosos desalojos forzosos sin seguir el debido proceso. Entre mayo y julio se efectuaron desalojos casi cada semana. En Gosa se llevaron a cabo demoliciones masivas en varias comunidades, a lo largo de la carretera que conduce al aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe, en la Unidad Territorial de la Capital Federal, en mayo y junio. En Port Harcourt se practicaron desalojos forzosos en las zonas lindantes con el agua a pesar de que el gobierno había prometido que no se desalojaría a nadie.

* Emeka, su esposa y sus tres hijos fueron desalojados a la fuerza de un asentamiento informal en Lagos y no se les proporcionó ninguna indemnización o alojamiento alternativo. Todas sus pertenencias fueron destruidas durante el desalojo. La familia se instaló en Makoko, otro asentamiento informal.

Sudáfrica

En un entorno político cada vez más inestable, se evidenció entre otros, la escasez de viviendas adecuadas, las amenazas de desalojos a gran escala como consecuencia de la puesta en marcha de proyectos mineros o de desarrollo, y la crisis en las reclamaciones sobre tierras.
Zimbabwe

Las víctimas de los desalojos forzosos masivos efectuados en 2005 continuaban viviendo en condiciones deplorables.

América

Argentina

Se recibieron informes en 2008 sobre desalojos forzosos de pueblos indígenas en los que agentes de policía y guardias de seguridad privados habían hecho uso excesivo de la fuerza. Los desalojos continuaron a pesar de la ley de emergencia aprobada en 2006 sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, en la que se pedía la suspensión de las órdenes de desalojo hasta que se llevara a cabo una revisión y un registro de la tenencia de las tierras ocupadas por dichas comunidades.
Brasil

Siguieron los actos de violencia contra trabajadores rurales sin tierra, a menudo perpetrados por empresas de seguridad privada irregulares o insuficientemente reguladas que trabajaban para terratenientes o milicias ilegales. Continuaron también los desalojos forzosos, en muchos casos con un total desprecio por el proceso legal debido. Se intentó criminalizar a movimientos que apoyaban a las personas sin tierra en sus esfuerzos por conseguir tierras y una reforma agraria.

* En el estado de Rio Grande do Sul, algunos fiscales y la policía militar elaboraron un expediente que incluía numerosas denuncias contra miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), y que esta organización describió como un intento de restringir sus actividades y criminalizar a sus miembros. El expediente, que contenía denuncias de vínculos del MST con grupos terroristas internacionales, se utilizó para respaldar en los tribunales peticiones de órdenes de desalojo, ejecutadas en algunos casos por la policía haciendo uso excesivo de la fuerza.

* En el estado de Paraná, milicias ilegales armadas vinculadas con terratenientes siguieron atacando a campesinos sin tierra.

* El 8 de marzo, 15 hombres armados irrumpieron en un asentamiento de 35 familias en Terra Livre, Ortigueira, y amenazaron a niños, golpearon a hombres y mujeres y quemaron sus pertenencias.

* Posteriormente se detuvo a siete de los atacantes. Tres semanas después, dos hombres encapuchados mataron a tiros a Eli Dallemore, máximo representante del MST en Terra Livre, en presencia de su esposa y sus hijos.

* El 8 de mayo, cerca de Cascavel, unos hombres armados, tras irrumpir en un asentamiento de 150 familias con tractores, excavadoras y un camión blindado, efectuaron disparos y destruyeron las cosechas, una escuela y una iglesia. Antes de ser reducidos, intercambiaron disparos con la policía. Se detuvo a 10 personas en relación con el ataque.

* El estado de Pará siguió registrando el mayor número de amenazas y homicidios contra activistas que defendían el derecho a la tierra. Apenas ningún responsable compareció ante la justicia.

* En mayo, el nuevo juicio contra Vitalmiro Bastos de Moura por el homicidio de la hermana Dorothy Stang, activista medioambiental y defensora del derecho a la tierra, ocurrido en febrero de 2005, concluyó con la absolución y la puesta en libertad del acusado. En un juicio anterior, tras ser declarado culpable, Vitalmiro Bastos de Moura había sido condenado a 30 años de cárcel. La absolución fue muy criticada, por ejemplo, por el presidente Lula y otras autoridades gubernamentales. Al finalizar el año seguía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.

Canadá

La comunidad indígena de Grassy Narrows, en la región noroccidental de la provincia canadiense de Ontario, ha vivido decenios de sufrimientos y desarraigo. Entre los abusos cometidos contra sus derechos figuran la inundación deliberada de su territorio tradicional, con la consiguiente pérdida de cosechas de arroz silvestre, del hábitat natural y de patrimonio histórico; el reasentamiento de la comunidad; la contaminación de su sistema fluvial a causa del mercurio; y, más recientemente, la tala a gran escala en gran parte de sus tierras.

En diciembre de 2002, jóvenes de Grassy Narrows decidieron que tenían que buscar una nueva estrategia para proteger su cultura y su forma de vida. A continuación, emprendieron un bloqueo a la salida de su comunidad, en un camino forestal que atraviesa el corazón de su territorio tradicional. Ese bloqueo se ha convertido en una de las más prolongadas protestas en favor de los derechos de los pueblos indígenas en Canadá.

La campaña contra la tala rasa (forma de tala por la que se eliminan casi todos los árboles y demás vegetación de amplias zonas) ha impulsado una serie de avances de importancia. En marzo de 2008, Boise Inc., una de las principales empresas de papel del mundo, comunicó que iba a dejar de comprarpasta papelera fabricada con madera extraída del territorio tradicional de Grassy Narrows mientras la comunidad no autorizara la tala. Tres meses después, AbitibiBowater, empresa responsable de la tala en ese bosque, anunció que renunciaba a su licencia y que su fábrica dejaría de procesar madera de la zona.

En mayo de 2008, el gobierno provincial de Ontario y la comunidad de Grassy Narrows firmaron un memorando de entendimiento sobre la gestión forestal. En él se establecían principios y parámetros para la negociación de un nuevo sistema de gestión forestal que diera a la comunidad mayor participación en la toma de decisiones y en el reparto de beneficios de su territorio tradicional.

Dicho acuerdo podría constituir un importante paso adelante en la protección de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas de Canadá. No obstante, autoridades provinciales no han hecho mucho para proteger los derechos de la comunidad mientras se formaliza el acuerdo en cuestión. De hecho, han seguido presionando en favor de la reanudación inmediata de la tala rasa. Por su parte, el pueblo de Grassy Narrows sigue pidiendo una suspensión de la explotación industrial a gran escala en su territorio.

Colombia

Colombia es, después de Sudán, el país con mas desplazados internos del mundo. Sólo en 2008, hasta 380.000 personas tuvieron que huir de sus hogares, lo que supuso un aumento de más del 24 por ciento con respecto a 2007. Hoy están desplazadas internamente entre tres y cuatro millones de personas, el equivalente a la población entera de Uruguay, lo que la convierte en uno de los países del mundo con mayor población desplazada internamente. Se cree que al menos 500.000 personas más han huido a países vecinos.

La mayoría de las personas desplazadas huyen de la violencia derivada de los 40 años de conflicto armado interno: muchas han sido sometidas deliberadamente a hostigamiento por la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad en el marco de estrategias que tienen por objeto expulsar a comunidades enteras de zonas de importancia militar, estratégica o económica.

Miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas son los más afectados por el desplazamiento interno. En muchos casos viven en zonas en las que las partes en el conflicto están interesadas. Gran parte de la riqueza acumulada por los paramilitares y por quienes les respaldan dentro de la política y el sector empresarial está basada en la apropiación indebida de tierras. Se calcula que se han robado de este modo entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierras que pertenecían a millares de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

El trauma del desplazamiento puede ser especialmente profundo para las mujeres. Muchas han perdido a sus parejas en el conflicto y deben mantener a sus familias en condiciones muy difíciles. Si consiguen encontrar refugio en los barrios marginales de los núcleos urbanos, éste suele ser inseguro e inadecuado.

Guatemala

En febrero, la policía detuvo al activista rural Ramiro Choc en el contexto de los conflictos sobre tierras registrados en la zona de Izabal, en la costa atlántica. Indignadas por la detención, algunas comunidades reaccionaron reteniendo a cuatro turistas belgas. Sin embargo, las acciones policiales emprendidas en relación con el incidente se saldaron con la muerte del campesino Mario Caal. En una investigación efectuada por la Procuraduría de los Derechos Humanos guatemalteca se llegó a la conclusión de que Mario Caal había sido ejecutado extrajudicialmente.

Según datos de la policía, durante 2008 tuvieron lugar 22 desalojos forzosos.

Paraguay

La pretensión de la comunidad indígena Yakye Axa de Paraguay de recuperar la tierra en la que han habitado durante generaciones ha sido rechazada por una comisión clave en el Congreso paraguayo. El 25 de junio, la mayoría de los miembros de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural rechazó un proyecto de ley para restituir las tierras disputadas a la comunidad Yakye Axa. Esta votación pone en cuestión una decisión vinculante emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humaos, el máximo organismo intergubernamental de la región.

Esta decisión sobre el caso Yakye Axa adoptada por una comisión del Congreso, aunque no es vinculante, supone un revés que podría tener fatales consecuencias para la batalla que libra la comunidad para recuperar sus tierras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había resuelto que el Estado paraguayo debía restituir las tierras a la comunidad Yakye Axa antes de julio de 2008. Ha pasado un año desde que expiró el plazo fijado por la Corte y con esta última votación aumentan los temores de que los intereses económicos puedan estar poniendo en mayor peligro los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas en el territorio de Paraguay.

Otras tres comisiones a las que se encomendó el estudio del proyecto de ley –la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Energía y Recursos Naturales– no emitieron su recomendación sobre el proyecto de ley antes de que el periodo de sesiones parlamentario concluyese en junio. La composición de las comisiones parlamentarias cambiará en el próximo periodo de sesiones, que comienza en julio. Es probable que esta circunstancia retrase considerablemente la aprobación del proyecto de ley.

Asia y Oceanía

Bangladesh

En Dacca y otras ciudades importantes se desalojó por la fuerza a miles de personas que vivían en poblados de infraviviendas. Sus hogares fueron demolidos sin que se les proporcionase indemnización o alojamiento alternativo. Los desalojos respondían a órdenes judiciales con las que se pretendía despejar terrenos que solían asignarse a proyectos de desarrollo urbanístico.

Camboya

Continuaron los desalojos forzosos consecuencia de conflictos sobre tierras, apropiaciones y proyectos de reurbanización de zonas agroindustriales y urbanas. Miles de personas objeto de desalojo forzoso no tuvieron acceso a un recurso efectivo, incluida la restitución de sus viviendas, tierras y propiedades. A lo largo del año se produjeron al menos 27 desalojos forzosos, que afectaron a unas 23.000 personas, aunque el gobierno lo negó. Las personas ricas y poderosas utilizaron cada vez más el sistema de justicia penal para silenciar a quienes protegían su derecho a una vivienda adecuada y a las comunidades indígenas que protegían sus derechos sobre las tierras y su forma de vida. En torno a 150 activistas del derecho a la tierra y personas afectadas por esos conflictos fueron detenidos a lo largo del año; muchas de esas personas se enfrentaban a procesos por cargos penales falsos.

* Más de 4.000 familias de Phnom Penh que vivían en torno al lago Boeung Kak se vieron expuestas a convertirse en desplazadas al iniciarse el proceso de relleno del lago. Muchas de las personas afectadas vivían en la pobreza, en viviendas elementales. El relleno, que comenzó el 26 de agosto, no se notificó a las personas que vivían en la zona. Quienes se manifestaron en contra fueron objeto de amenazas generalizadas por parte de autoridades locales y empleados de la empresa.

India

Las autoridades locales desplazaron o desalojaron por la fuerza a comunidades marginadas de zonas rurales, como adivasis y agricultores sin tierras, para dar paso a infraestructuras urbanas, eléctricas, mineras, de irrigación y otros proyectos industriales. En varios estados, las autoridades expulsaron a adivasis de tierras que una disposición de la Constitución demarcaba como exclusivas de esta comunidad. Las autoridades no respetaron la nueva legislación que garantizaba el acceso a la información, al negar a las comunidades afectadas información sobre los proyectos de desarrollo previstos. En la mayoría de los casos, las comunidades quedaron excluidas de participar en los procesos de toma de decisiones. Estaba pendiente la aprobación parlamentaria de legislación que contenía mejoras en los procedimientos de adquisición de tierras y en las políticas de rehabilitación y reasentamiento.

Continuaron las protestas de comunidades locales sobre adquisición de tierras y desalojos forzosos. En algunos casos, la policía respondió cargando con porras contra manifestantes pacíficos y deteniéndolos sin cargos durante periodos de hasta una semana. La policía no protegió a los manifestantes frente a la represión violenta de las protestas llevada a cabo por milicias privadas, que, según informes, estaban aliadas con partidos políticos gobernantes. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones imparciales ni oportunas sobre varios de estos incidentes.

* Según informes, Amin Banra, dirigente adivasi, murió en mayo abatido por disparos de milicias privadas durante una protesta contra los desplazamientos forzosos en el complejo siderúrgico de la ciudad de Kalinganagar, en Orissa. Las autoridades detuvieron a dos personas, pero no investigaron las denuncias de que eran integrantes de una numerosa milicia privada.

* En agosto, miembros de la comunidad adivasi dongria khond de Orissa, en peligro de extinción, reanudaron las protestas tras permitir el Tribunal Supremo la creación de una empresa conjunta entre el gobierno y la multinacional Vedanta para explotar una mina de bauxita en zonas forestales protegidas de los dongria khond.

* Al menos 30 personas resultaron heridas durante los seis meses de protesta de agricultores y partidos de la oposición de Singur, en Bengala Occidental, contra la adquisición de sus tierras para una fábrica de automóviles sin el consentimiento previo e informado de los agricultores. Las negociaciones posteriores entre manifestantes y autoridades del estado fracasaron, lo que obligó a que el proyecto se trasladase a Gujarat.

Islas Salomón

Durante los últimos diez años se había producido un rápido crecimiento de los asentamientos informales en Honiara, la capital, y en el extrarradio, debido fundamentalmente al aumento de la migración del campo a la ciudad, a la deficiente planificación urbanística –como la inexistencia de normativa que impidiese la construcción de edificios inseguros– y a la falta de legislación sobre seguridad de la tenencia.

El gobierno no ofrecía atención a la salud, educación, agua potable ni sistemas de saneamiento suficientes a quienes vivían en los asentamientos informales, lo que dejaba a miles de personas sin acceso a servicios básicos. Tampoco proporcionó nuevas viviendas de bajo coste en Honiara para paliar el hacinamiento y abordar la falta de seguridad de la tenencia.

En agosto, el ayuntamiento de Honiara reconoció que el aumento de asentamientos informales, con el consiguiente hacinamiento, era una de las principales causas de problemas de higiene y salud, como diarrea, disentería y anquilostomiasis, que se agravaban porque los habitantes de muchos asentamientos no tenían acceso a los servicios de atención a la salud.

Laos

Miles de personas, especialmente de minorías étnicas, estaban expuestas a convertirse en desplazadas y a ser víctimas de medidas como desalojos forzosos debido a la construcción de siete nuevas grandes presas y otros proyectos de urbanización. A causa de los reasentamientos, en algunas comunidades afectadas se produjeron situaciones de inseguridad alimentaria y malnutrición infantil. Otra decena de presas estaban en fase de diseño, y se estaba estudiando la construcción de 65 proyectos hidroeléctricos.

Maldivas

En noviembre, la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas informó de que había una grave carencia de viviendas adecuadas, a la vez que seguían recibiéndose informes de importantes casos de hacinamiento, especialmente en Malé. Maldivas continuaba en peligro a causa del aumento global del nivel del mar, y la erosión afectaba a algunas de las islas.

Myanmar

Pocos días después del ciclón «Nargis», el gobierno comenzó el desalojo forzoso de supervivientes del ciclón que se encontraban en campos de reasentamiento gubernamentales y no oficiales a los que habían huido tras quedar sus casas destruidas e inundarse sus localidades. Sólo durante el mes siguiente al ciclón, Amnistía Internacional confirmó más de 30 casos de desalojo forzoso por parte del gobierno. En muchas ocasiones, la asistencia era insuficiente o totalmente inexistente. Además, a fin de celebrar el referéndum sobre la Constitución, las autoridades desalojaron a supervivientes que habían hallado refugio de emergencia en colegios y monasterios.

* El 19 de mayo, autoridades locales de Bogale y Labutta, en la división de Ayeyarwady, obligaron a un gran número de personas a embarcar para devolverlas a sus localidades en los municipios de Myaungmya y Maubin y en otros lugares. Se calculaba que para el 25 de mayo sólo quedaba en Bogale el 10 por ciento de las personas que en un principio se habían desplazado allí.

* El 23 de mayo, autoridades de Yangón expulsaron a más de 3.000 supervivientes del ciclón de un campo oficial en el municipio de Shwebaukan y de un campo no oficial en una Escuela Secundaria Estatal de Dala, ambos en la división de Yangón.

* El 25 de mayo, o justo después de esa fecha, las autoridades reasentaron por la fuerza en Labutta a unas 600 personas trasladadas desde un campo no oficial en una Escuela Secundaria Estatal de Myaungmya.

* También se produjeron desalojos forzosos por parte de las autoridades locales en relación con explotaciones de gas natural y el proyecto del gasoducto de Shwe, en el estado occidental de Rajine, de participación mayoritaria surcoreana. Las autoridades locales también detuvieron y recluyeron a habitantes de la zona que manifestaron su oposición al proyecto, mientras que otros se vieron obligados a ocultarse. En otros lugares del estado de Rajine, las autoridades confiscaron tierras de personas que vivían cerca de un proyecto petrolífero terrestre encabezado por China a fin de permitir su desarrollo.

Papúa Nueva Guinea

En diciembre, la policía procedió al desalojo forzoso de 400 personas del asentamiento de Tete, en Port Moresby, y demolió e incendió sus casas. La actuación se produjo en respuesta al asesinato de un destacado empresario, del que se acusaba a habitantes del asentamiento. Las personas desalojadas se vieron obligadas a huir con sus pertenencias. El gobierno no les ofreció alojamiento temporal, transporte ni alimentos.

Europa y Asia Central

Albania

El Estado siguió sin aplicar la legislación nacional que establecía que, después de finalizar la educación secundaria o alcanzar la mayoría de edad, debía darse prioridad a los huérfanos en el acceso a la vivienda. Alrededor de 300 adultos que se quedaron huérfanos siendo niños seguían compartiendo habitaciones en edificios inadecuados y medio en ruinas, en unas condiciones que agravaban su exclusión social. Al no contar con preparación académica, no solían encontrar empleo o ejercían trabajos ocasionales mal pagados, y por consiguiente se veían obligados a vivir con los reducidos subsidios del Estado. Según la legislación albanesa, los huérfanos registrados menores de 30 años eran uno de los grupos vulnerables a los que había que dar prioridad a la hora de asignar una vivienda social. Sin embargo, la escasa oferta de viviendas sociales no satisfacía las necesidades de las 45.000 familias registradas que, según los informes, no disponían de un lugar donde vivir.

Bosnia y Herzegovina

Según el Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados de Bosnia y Herzegovina, más de 1,2 millones de personas desplazadas durante la guerra de 1992-1995 todavía no habían regresado a sus hogares. Las que habían vuelto, a menudo no tenían acceso adecuado a una vivienda. Unas 2.700 familias seguían viviendo en alojamientos colectivos. Algunos de los que regresaron no pudieron recuperar los derechos sobre sus propiedades.

Bulgaria

La minoría romaní continuó sufriendo discriminación por parte de funcionarios públicos y de particulares. El Comité Búlgaro de Helsinki informó sobre casos de discriminación en el acceso a la vivienda, incluidos desalojos forzosos, y en el acceso a los servicios públicos.

Croacia

Las autoridades croatas seguían sin abordar el problema de las personas que habían residido en viviendas sociales y que habían perdido su derecho de tenencia durante la guerra, muchas de ellas serbocroatas. En junio se aprobó un Plan de Acción sobre la aplicación de los programas de ayuda a la vivienda, pero las ONG serbocroatas no estaban de acuerdo con las cifras oficiales sobre el número de personas incluidas en los programas. Según los informes, muchos de los solicitantes potenciales no pudieron presentar sus solicitudes debido a la brevedad de los plazos.

Francia

Cientos de migrantes y solicitantes de asilo corren peligro inminente de desalojo forzoso de los campamentos próximos a Calais, en el norte de Francia, al haber afirmado las autoridades que la zona sería despejada antes del 25 de septiembre de 2009. Si los que solicitan asilo son objeto de devolución, podrían sufrir tortura u otros malos tratos.

Las autoridades francesas han programado varios desalojos forzosos de migrantes y solicitantes de asilo que residen en campamentos improvisados en torno a Calais. Si estas personas son desalojadas por la fuerza, quedarán expuestas a ser detenidas. Algunas podrían incluso enfrentarse a la perspectiva de devolución a Grecia u otro Estado Miembro de la UE, o a su país de origen. Esto puede suponer que no obtengan un examen justo de su solicitud de asilo y queden expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos en Grecia u otros países a los que sean devueltos. Se piensa que algunos de los residentes de estos campamentos proceden de Afganistán. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que el gobierno o la policía local haya dado aviso oficial del desalojo.

Los desalojos forzosos son desalojos realizados sin previo aviso, sin consultar a los afectados y sin garantías jurídicas ni de alojamiento alternativo adecuado. Según el derecho internacional, Francia no debe llevar a cabo desalojos forzosos y en cambio debe proteger a toda la población frente a ellos, incluidas personas migrantes y solicitantes de asilo. Si bien los informes recibidos indican que el ministro de Inmigración afirmó que habrá una “solución individual” para cada solicitante en cuyo país de origen haya un conflicto, a las ONG les preocupa que algunos puedan ser objeto de traslado forzoso a Grecia o Italia. En Grecia, los migrantes detenidos permanecen recluidos en penosas condiciones y corren peligro de sufrir malos tratos o devolución forzosa a países en los que podrían ser objeto de tortura. Los desalojados de los campamentos de Calais también podrían ser devueltos por Francia a su país de origen aun cuando existiera una solicitud de asilo en curso. Bajo el procedimiento “urgente” de asilo, los solicitantes que ven rechazada su solicitud pueden ser expulsados de Francia aunque su apelación esté en curso. El procedimiento restringe además el derecho de los solicitantes a recibir alojamiento, ayuda económica y asistencia médica.

Italia

A lo largo del año 2008 siguieron llevándose a cabo desalojos forzosos ilegales de comunidades romaníes.

* En abril, unos 800 romaníes fueron desalojados del asentamiento de Via Bovisasca, en Milán. No se les proporcionó alojamiento alternativo y no se tomó ninguna medida para proteger a las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños que se quedaron sin hogar.

* En junio, agentes encargados del cumplimiento de la ley destruyeron el asentamiento de Campo Boario, en Roma, en el que vivían 130 romaníes italianos. La comunidad fue trasladada a un asentamiento temporal en el barrio de Tor Vergara, donde carecían de instalaciones básicas como agua y electricidad. En octubre, la comunidad fue trasladada a otro asentamiento temporal situado a unos kilómetros de distancia del anterior, en un aparcamiento.

República Checa

La comunidad romaní sufrió discriminación racial y fue objeto de políticas de segregación deliberada en algunos municipios. En abril, en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del examen periódico universal, las ONG checas Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos y Vida Juntos y la sección checa de Peacework Development Fund afirmaron que «a menudo se obliga a los romaníes a residir en guetos segregados, con infraviviendas no aptas para ser habitadas». El estudio señalaba que las prácticas discriminatorias en los mercados de alquiler, tanto público como privado, significaban que a menudo los romaníes no encontraban una vivienda, incluso cuando podían presentar garantías económicas.

República Eslovaca

En enero de 2008, la Comisión sobre Derechos Humanos, Nacionalidades y Condición de la Mujer del Parlamento eslovaco adoptó una resolución sobre desalojos forzosos por impago de alquileres que afectaba de manera desproporcionada a los romaníes. Según dicha resolución, el gobierno debía tomar una serie de medidas para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y a disponer de protección contra la pobreza y la exclusión social.

La Fundación Milan Šimečka publicó en junio un estudio sobre 57 proyectos de viviendas sociales destinadas a residentes de asentamientos romaníes. En el 91 por ciento de las localidades examinadas, las nuevas casas mantenían, y a menudo aumentaban, la segregación geográfica de los beneficiarios.

Rusia (Chechenia)

Se amenazó a decenas de familias desplazadas internamente con desalojarlas de las casas que ocupaban temporalmente en Chechenia sin proporcionarles una indemnización ni una vivienda alternativa adecuada. Se recibieron también informes sobre el desalojo de familias y la destrucción de sus bienes por sus presuntos vínculos con grupos armados.

Serbia

Al asumir en junio de 2008, la presidencia del Decenio de la Inclusión Romaní, Serbia anunció como prioridad legalizar los asentamientos romaníes e impedir la discriminación en el ámbito educativo, por ejemplo, introduciendo en julio el romaní como lengua optativa en las escuelas. Sin embargo, los romaníes seguían sin poder trabajar en la administración central y local y solían ser víctimas de desalojos o de otros actos discriminatorios en relación con su derecho a disponer de una vivienda adecuada.

Tayikistán

Las autoridades siguieron llevando a cabo desalojos forzosos y desplazando a los residentes de áreas incluidas en programas de regeneración urbana. Algunas de las personas afectadas afirmaron que no se les había ofrecido indemnización, o ésta había sido inadecuada, y que tampoco les habían propuesto alternativas de reasentamiento apropiadas. En la capital, Dushambé, en junio se demolió la única sinagoga del país. Un mes más tarde se destruyó una iglesia protestante.

* En abril, un reducido número de residentes de un distrito de Dushambé amenazado de demolición, en un gesto sin apenas precedentes, se manifestaron pacíficamente. La policía empleó la fuerza para dispersar a los manifestantes y detuvo a 20 mujeres. Las detenidas quedaron en libertad después de comprometerse a no participar nunca más en una manifestación.

Turkmenistán

El sistema de registro del lugar de residencia permanente, comúnmente conocido como propiska, seguía restringiendo el derecho de las personas a acceder a vivienda, empleo, prestaciones sociales, servicios de salud y educación. El sistema también se había convertido en un caldo de cultivo para la corrupción, ya que era posible eludir el cumplimiento de muchas de sus normas mediante el pago de sobornos. Las autoridades continuaron utilizando este sistema para disuadir a las personas que deseaban trasladarse dentro del país, especialmente a la capital, en busca de trabajo. Cambiar de domicilio sin una propiska válida para compartir la vivienda con otro miembro de la familia significaba la pérdida del acceso al empleo o a las prestaciones sociales –por ejemplo, las pensiones–, para el familiar. La policía y los servicios de seguridad utilizaban la amenaza de retirar la propiska para evitar que las personas denunciaran malos tratos a manos de la policía.

Oriente Medio y Norte de África:

Egipto

El 6 de septiembre de 2008, un corrimiento de tierras mató a más de un centenar de habitantes de Al Duwayqah. Las autoridades sabían que podía producirse el desastre por una filtración de agua procedente del monte de Al Moqattam, pero no tomaron medidas adecuadas. En 1999, tras una tragedia similar ocurrida en el cercano suburbio de Zabaleen en 1993, el gobierno había ordenado desalojar Al Duwayqah, pero muchos de sus habitantes se habían negado a marcharse, porque, según informes, no les habían proporcionado otra vivienda adecuada.

La policía acordonó la zona del desastre y restringió el acceso de periodistas y organizaciones humanitarias, aunque el ejército y la Media Luna Roja egipcia establecieron campos para los supervivientes. Éstos organizaron protestas, y a la mayoría, pero no a todos, les proporcionaron otra vivienda. Según informes, la Fiscalía abrió una investigación sobre la causa de las muertes.

La tragedia sirvió de triste recordatorio del riesgo que corrían muchos habitantes de los suburbios de las ciudades egipcias: entre 5 y 11 millones de personas, según estimaciones oficiales, que vivían en unos 1.000 asentamientos informales (ashwaiyyat) superpoblados y sin servicios básicos adecuados.

Israel y Territorios Palestinos

En los primeros días de la ofensiva lanzada el 27 de diciembre de 2008, el ejército israelí destruyó numerosas casas, fábricas y otros bienes civiles palestinos de Gaza, arrasando barrios enteros. En Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes demolieron decenas de viviendas palestinas, desalojando por la fuerza a familias y dejando sin hogar a centenares de personas. Las viviendas demolidas carecían de permisos de construcción, que se les denegaban sistemáticamente a los palestinos. Al mismo tiempo, las autoridades permitieron un acusado aumento de la expansión de los asentamientos israelíes en tierras palestinas confiscadas ilegalmente, lo que constituía una violación del derecho internacional.

* En febrero y marzo, las fuerzas israelíes destruyeron varias viviendas y corrales en Hadidiya, pueblecito de la zona cisjordana del valle del Jordán. Perdieron su hogar unos 65 miembros de las familias Bisharat y Bani Odeh, incluidos 45 niños.

* En marzo, los soldados israelíes demolieron las viviendas de varias familias en los pueblos de Qawawis, Imneizil, Al Dairat y Umm Lasafa, en el sur de los montes de Hebrón. La mayoría de las personas que perdieron su hogar por esta acción eran niños. Entre los afectados se encontraban los hermanos Yasser, Jihad Mohammed e Ismail al Adra, junto con sus esposas y sus 14 hijos.

* En el cercano Umm al Jair, las fuerzas israelíes destruyeron en octubre los hogares de 45 miembros de la familia Al Hathaleen, en su mayoría niños.

Siria

Los miembros de la minoría kurda, que constituía hasta el 10 por ciento de la población, continuaron sufriendo discriminación por motivos de identidad, como restricción del uso de la lengua y la cultura kurdas. Decenas de miles de kurdos sirios seguían siendo en la práctica apátridas, a los que se negaba, por ello, el acceso igualitario a los derechos económicos y sociales.

El 10 de septiembre, las autoridades dictaron el Decreto Legislativo núm. 49, por el que se restringía aún más el derecho a una vivienda y a la propiedad en las zonas fronterizas, incluidas las de la frontera del noreste, de población predominantemente kurda.