Se trata de una Fundación con etiqueta de entidad benéfica que presta servicios en relación con los niños tan sensibles y especializados como la orientación psicológica, jurídica y social, además de la acogida de menores en situación de riesgo. Esta Fundación luce su imagen como protectora de la infancia para conseguir mantener la gestión del servicio y su financiación desde las administraciones autonómica y estatal y, sin embargo, elude el cumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores y toma decisiones que perjudican a su desempeño laboral.

En el mes de junio, y tras 24 días de huelga, los representantes sindicales llegaban a un acuerdo con la empresa mediante el cual la Fundación reconocía los complementos de turnicidad y nocturnidad. En las reuniones mantenidas, además del reconocimiento de dichos complementos se pactaba también la cuantía de los mismos, ajustando las cantidades que debían pagarse a los trabajadores.

Llamativamente, pocas semanas después de haber alcanzado tal acuerdo y habiendo asumido la empresa dichas subidas salariales, alegan “causas económicas” para despedir a las siete compañeras evitándose así tener que hacer frente a lo pactado en la negociación de junio.

El juego sucio de esta empresa, honorablemente presidida por la Infanta Doña Cristina, se puede suponer también en hechos tales como que los despidos en el último mes han sido nueve, uno menos que los necesarios para que haya ERE, o que las Modificaciones Sustanciales de las Condiciones de Trabajo afecten a ocho trabajadores (si hubieran sido dos más se habrían enfrentado a un conflicto colectivo). Cabe destacar que dos de los nueve despidos afectan a trabajadoras que se encontraban con reducción de jornada por maternidad.

Desde las primeras elecciones sindicales (febrero de 2008) en la Fundación ANAR, los delegados de personal han intentado negociar en numerosas ocasiones el cumplimiento del I Convenio Marco Estatal de Acción e Intervención Social. Esta negociación culminó en enero de 2009 en un acuerdo, del que la empresa se desvinculó en el momento de su ratificación alegando dificultades económicas imprevistas, pero adelantando su compromiso de mejorar las condiciones de trabajo mediante el reconocimiento de derechos que no implicaran coste directo. Desde entonces y hasta la fecha, la Fundación viene no sólo soslayando la articulación del reconocimiento de derechos laborales “de bajo coste”, sino que insiste en la toma de decisiones injustas, arbitrarias y que perjudican a los trabajadores.