A esta prestación, solamente podrán acogerse la mitad del 1,4 millones de personas que no reciben ningún tipo de prestación desde hace años. En el mejor de los casos, 700.000 personas (condicionados a un programa de inserción en el empleo) podrán acceder a los 420 euros durante 6 meses.

¿Qué pasa, qué le decimos a los parados/as de larga duración, aquellos que llevan más de dos años sin trabajo?

Dice además el gobierno socialdemócrata que esta ayuda condiciona los presupuestos del estado y aumenta el déficit público puesto que tendrán que gastar unos 1.300 millones de euros en esta prestación. Sin embargo, un hubo ninguna duda, ninguna crítica, ningún debate público cuando los recursos puestos a disposición de la Banca española por el gobierno, directamente (créditos muy, muy blandos…) o avales, superaron los 300.000 millones de euros. Si sumamos a estos recursos los que ha puesto el Banco Central Europeo a disposición de todo el sistema financiero de la UE, incluidos los bancos españoles, nos encontramos con la violencia legal financiera que el sistema capitalista, con la complicidad del sistema político, está ejerciendo contra la clase trabajadora hasta conducirla a la miseria, la marginación, la desesperación.

Al parad@ que reciba la prestación se le obligará a hacer cursos de formación

¿Qué control se tiene de los bancos que hemos saneado con dinero público, qué responsabilidades se les exige, dónde y en qué están invirtiendo la inmensa cantidad de dinero publico que están recibiendo, cuál es el estado real del sistema financiero? ¿Han servido esos recursos para mejorar la realidad económica y social de las familias o pura y simplemente, con dineros públicos, hemos financiado, saneado y enriquecido a un “puñado” de usureros explotadores.

El sistema capitalista es una lacra que estafa sistemáticamente a las personas trabajadoras y a la sociedad en su conjunto, que no duda en usurpar porcentajes dramáticos del PIB para sus intereses particulares y privados (hasta el 31,2% en estímulos fiscales, de los cuales un 12,6% se han aplicado de manera efectiva al sistema financiero). Las políticas ultraliberales del Gobierno demuestran, persiguen, pretenden, garantizan que los ricos sigan siendo ricos a costa de los trabajadores y trabajadoras, a costa de una descohesión social cada vez mayor.

Desde CGT, no pedimos limosnas, ni caridad, sino que exigimos justicia social, y en relación a las prestaciones contra el paro, exigimos como derecho subjetivo y social, un salario social de 1.200 € para todas las personas paradas y asalariadas.

Caminamos hacia la Huelga General y para CGT no cabe ni un paso atrás en la defensa de los derechos laborales y sociales.