Las madres y los padres, el alumnado, el profesorado y el personal laboral de los centros educativos de Canarias no tendrán apenas capacidad decisoria, de acuerdo con el decreto publicado en el Boletín el día 11 de agosto. Los Consejos escolares y los Claustros dejan de ser representantes democráticos de la comunidad escolar, ya que tan sólo serán en determinados supuestos consultados y/o informados en todo lo relativo a lo que afecta a los centros. Las decisiones las tomarán los directores y directoras.

Los directores / as ya no sólo no son nombrados directamente por los consejos escolares, sino que ahora además el Gobierno de Canarias pretende que toda la vida interna de los centros educativos esté en manos de los equipos directivos y, especialmente, en manos del director/a.

Este “Cuerpo de directores”, con las atribuciones fijadas en el Decreto de la función directiva, y con la pretensión del Gobierno de convertirlos en meros representantes de la Administración educativa, sólo le interesa a la Administración educativa, ya que en nada favorece a las familias para que las mismas puedan colaborar y decidir en la educación de sus hijos / as. Tampoco al resto de los agentes de una comunidad educativa. Ni tan siquiera a los directivos de los centros, que se les recarga con más y nuevas tareas, se les aleja de la relación de compañerismo y del trabajo en equipo que ha existido en los centros. Todo ello a cambio de unos privilegios, que sólo interesan a los que anhelan más dinero y más poder.

El director/a tendrá que evaluar a su profesorado, centraliza toda la competencia en el ámbito pedagógico, vaciando de contenido las funciones propias de los equipos docentes, de los departamentos, de los Claustros, de los Consejos escolares.

En manos de los directivos estará la vida laboral de “su” profesorado y de todo “su” personal laboral no docente, así como decisiones cruciales para el alumnado. Incluso, este nuevo decreto, le atribuya actuaciones propias de la Inspección educativa.

La tarea de educar es una tarea colectiva. Para mejorar la calidad educativa es imprescindible incrementar la inversión en Educación, al tiempo que aunar voluntades, esfuerzos, ideas y responsabilidad. La participación democrática de todos los agentes implicados en Educación es imprescindible para fortalecer un servicio público y de calidad. Las decisiones deben de seguir tomándose por consenso, por la mayoría, trabajando en equipo y aportando individualmente para conseguir una visión global del aprendizaje y de la educación del alumnado.

La jerarquía y el control de los centros por la Administración educativa, en sustitución de la gestión democrática de los centros escolares, responde a la consideración del alumno/a como una mera mercancía y a la educación como una empresa privada.

El STEC-IC llama a los equipos directivos, a los padres y madres, a los Consejos escolares, a los Claustros y, en definitiva, a toda la comunidad educativa a continuar considerando la educación como responsabilidad compartida y colectiva y a reconsiderar el contenido del mencionado decreto.

El STEC-IC exige al Gobierno y a su Consejería de educación que cumpla con la legalidad y abra negociaciones con los sindicatos para abordar el funcionamiento de los centros, conforme a lo previsto por la normativa en todo a lo que afecta a las condiciones laborales de los docentes. Además, que no desprecie a las AMPAS y al resto de los agentes implicados en Educación. De lo contrario, no nos quedará más remedio que seguir manifestando nuestra protesta y nuestra opinión en las calles.