“Las últimas revelaciones, según las cuales agentes de la CIA llevaron a cabo simulacros de ejecución y amenazaron con aplicar violentas torturas, no hace sino evidenciar el grado de desconocimiento de la población estadounidense con respecto a los actos ilegales e inmorales del gobierno anterior, perpetrados en nombre de la seguridad nacional.

Según el informe del inspector general de la CIA, la misma agencia comprendió que sus prácticas eran moralmente sospechosas y, en el mejor de los casos, contraproducentes. No existen circunstancias de ninguna clase que justifiquen la aplicación de técnicas constitutivas de tortura o trato cruel. Punto. No hay peros que valgan.

Que el gobierno de Bush estuviera dispuesto a renunciar a las obligaciones jurídicas de Estados Unidos en materia de derechos humanos sirve de advertencia a quienes piensan que cualquier nación puede despreciar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. El informe demuestra que los sistemas de vigilancia interna de los organismos oficiales estadounidenses no son fiables en lo que se refiere al respeto de los valores y las leyes del país. El cumplimiento llega a través de la revelación de información y la reforma de los sistemas.

El presidente Barack Obama se ha comprometido a poner fin a la tortura y otras prácticas ilegales. Pero mientras no quede claro que las leyes se harán cumplir enérgicamente, sus palabras no serán dignas de crédito y suscitarán el fantasma ‘Bush 2.0’.

El informe del inspector general de la CIA demuestra que es más importante que nunca establecer una investigación completa e independiente con todo el rigor de la ley para poner en evidencia y exigir responsabilidades a quienes encargaron, diseñaron y aplicaron métodos antiterroristas ilegales. Ya es hora de que se nombre un fiscal especial para demostrar que se aplicará el derecho estadounidense con independencia de quien haya infringido sus disposiciones.

La decisión del fiscal general Holder de nombrar un fiscal encargado de reabrir e investigar la mitad de los casos presentados al Departamento de Justicia debido a tácticas de interrogatorio cuestionables ha tenido buena acogida, pero es un paso insuficiente. Una investigación significativa debe englobar tanto a quienes afirmaron que obedecían órdenes como a quienes concibieron y ordenaron aplicar tales métodos ilegales.”