Los hechos se remontan a primeros de año cuando la UTE se hizo cargo de los servicios de limpieza, jardinería, alcantarillado, etc. de Valdemoro, que antes realizaba personal laboral del ayuntamiento de esta localidad. En el pliego de condiciones se estableció la obligatoriedad de adecuar los puestos de trabajo a los trabajadores con discapacidad, comprometiéndose la UTE Valdemoro a proteger especialmente a estos empleados y a adaptar lo mejor posible dichos puestos a sus minusvalías.

Sin embargo, la empresa intentó que la trabajadora, que venía realizando labores de vigilancia e inspección de jardines, desarrollara funciones más físicas para las que no estaba capacitada. Tras mandarla posteriormente a casa manteniéndole el salario, la trabajadora, que había denunciado los hechos, fue despedida por incapaz.