A la vista del respaldo obtenido por los Partidos Polí­ticos representados en el Parlamento Español, y por diversas asambleas parlamentarias de Comunidades Autónomas, el Defensor del Pueblo ha decidido inhibirse en la solicitud de presentación de recurso de inconstitucionalidad formulada por UGT y CC.OO. frente al Real Decreto Ley 5/2002.

La contestación recibida por los Secretarios Generales de UGT y CC.OO. a su escrito conjunto dirigido al Defensor del Pueblo el pasado 4 de junio sobre Inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 5/2002, implica la inhibición de esta Institución en el análisis y puesta en práctica de los elementos de inconstitucionalidad contenidos en el citado Real Decreto Ley y denunciado por los Sindicatos.
Como señala en su carta y en la resolución que acompaña a la misma el Defensor del Pueblo, ha sido precisamente la presentación con fecha posterior a la solicitud formulada por los Sindicatos de diversos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional promovidos por miembros del Parlamento Español, así­ como por las Asambleas Legislativas de Andalucí­a y Extremadura los que hacen innecesaria su intervención , en la medida en que los elementos de inconstitucionalidad que los Sindicatos denunciábamos, han sido incorporados a dichos recursos y planteados de manera directa par su decisión por el Tribunal Constitucional.

A ello habrí­a que añadir la puesta en marcha de otro mecanismo de control constitucional como es la cuestión de inconstitucionalidad. En efecto, mediante Auto de fecha 26 de julio pasado, el Juzgado de lo Social nº 2 de Badajoz, planteó la cuestión de inconstitucionalidad frente a la eliminación de los salarios de tramitación que realizó el citado Real Decreto Ley.

En definitiva, como dice el Defensor del Pueblo en su Carta, se trata de una inhibición por razones de prudencia polí­tica, sin que quepa deducir de ello que la solicitud sindical ha sido resuelta con un criterio restrictivo. De hecho, en ningún momento se señala la disconformidad del Defensor del Pueblo ni de la Junta de Coordinación y Régimen Interior que analizó el documento sindical con las razones y argumentaciones de UGT y CC.OO.

Hay que recordar que la petición sindical tení­a un doble contenido: por una parte, la eventual presentación del Recurso de Inconstitucionalidad que ha sido ahora respondido con el criterio de inhibición por considerar que la toma de postura del Defensor del Pueblo que su intervención debe ser subsidiaria y producirse sólo cuando otros sujetos legitimados no promuevan el recurso de inconstitucionalidad; y por otra, el seguimiento de las normas de desarrollo y aplicación prácticas de las medidas contenidas en el Real Decreto Ley en cuanto que suponí­an una alteración sustancial del derecho a la prestación por desempleo, configurándolo en muchos casos más como una prestación graciable que como un verdadero derecho subjetivo.

En este nuevo esquema las vulneraciones a los derechos fundamentales de los trabajadores surgirán en múltiples ocasiones. De hecho no han faltado testimonios concretos recogidos en los medios de comunicación sobre tales supuestos.

Este segundo aspecto de nuestra petición, sigue plenamente vigente y confiamos en una actuación decidida de la Institución en el seguimiento de las denuncias y quejas que por aplicación del Real Decreto Ley se produzcan, así­ como en una investigación de oficio sobre los aspectos más graves de la reforma impuesta por el Gobierno, todo ello como señala textualmente en su carta el Defensor del Pueblo: "con el objetivo común de garantizar asistencia a todos los ciudadanos".