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La urbanización de la fabriquilla, una amenza grave y real para el parque natural y reserva de la biosfera de cabo de Gata Recibida de Ecologistas en acción Almeria el 28-08-2002 a las 08:08
En el B.O.P. nº 146 de fecha 1 de agosto, aparece publicado un Edicto del Ayuntamiento de Níjar referente a la aprobación inicial por la Comisión de Gobierno Municipal del Plan Parcial S.A.U. FA-1 de la Fabriquilla. Es un proyecto antigua y ampliamente defendido por el Alcalde de Níjar, que pretende construir junto a las Salinas de Cabo de Gata 151 viviendas en 15 hectáreas, lo que ecológicamente sería el mayor y más grave atentado en la historia del Parque Natural de Cabo de Gata. Una vez más se confirma que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Níjar es el enemigo nº 1 de uno de los espacios naturales españoles con mayor reconocimiento internacional. Es un ultra-defensor de los propietarios de la urbanización, entre los que encontramos a Circulo Agroambiental S.L., propiedad de Marcos Eguizabal, ex presidente del club de futbol Logroñes, propietario de Paternina y de lo antiguos terrenos de Entursa, denunciado en el juzgado por realizar un atentado ambiental dentro de un área de máxima protección del Parque, afectando a una especie botánica protegida el "Androcymbium", al realizar una zanja para meter una tubería de agua a la zona próxima a la urbanización. El expediente se tramita en base a una sentencia del Tribunal Supremo, y agotadas las iniciativas de la Consejería de Medio Ambiente, el Plan Parcial debe dejarse en suspenso en tanto no se manifieste el Tribunal de Luxemburgo pues la normativa europea actual no permite una urbanización de estas características en zona ZEPA y LIC. Ecologistas en Acción-Almería ha realizado alegaciones en contra de este maquiavélico proyecto, entre las que se encuentran: El proyecto de la urbanización objeto de este expediente es anterior a la declaración de Parque Natural por la Consejería de Medio Ambiente, anterior a la propuesta de este lugar como Lugar de Interés Comunitario, a la declaración como zona Z.E.P.A. y a la declaración por la UNESCO como reserva de la Biosfera. La urbanización debe conectarse a la red de electricidad y red general de agua, ésta última no se contempla en el proyecto, y atravesarían terrenos protegidos con el consiguiente deterioro del espacio natural. En la actualidad no funciona eficazmente ni una sola de las depuradoras existentes dentro del Parque Natural por lo que el proyecto de depuradora para regar con las aguas depuradas se convertirá, como en el resto del Parque, en un foco de infección y de contaminación. El impacto visual y la contaminación producida por la mayor urbanización del Parque Natural afectará a Las Salinas y a las especies en peligro de extinción que en ellas tienen su hábitat como es el caso del pato Malvasía cabeciblanca ( Oxyura leucocefala.). La urbanización se ubica dentro de los 100 metros de la servidumbre de Protección de la zona marítimo-terrestre, ampliable a otros 100 por la Administración del Estado, por lo que la urbanización deberá retranquearse hacia el interior con objeto de dejar expeditos los 100 metros, o en su caso 200 metros, correspondientes a dicha servidumbre de Protección. El estudio de microlocalización, es erróneo, se basa en una superficie de 15.100 metros cuadrados y en realidad la urbanización tiene una superficie de 151.100 metros cuadrados de los cuales 45.489 son construcciones, lo que la convierte en la urbanización mas grande del Parque Natural. El Ayuntamiento de Níjar ha sido el que ha concedido los derechos urbanísticos a los propietarios, debería de ser este organismo público el que solucione el problema de compaginar el respeto de estos derechos urbanísticos con la conservación del Parque Natural. La forma de compaginar ambos derechos puede ser mediante la expropiación de los terrenos a sus actuales propietarios por parte del Ayuntamiento de Níjar. Nunca ha peligrado tanto como ahora un patrimonio natural como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que se ve acosado continuamente por especuladores y barones de la administración que se han puesto al servicio de intereses exclusivamente económicos, suyos y ajenos. En esta situación solo cabe que la Junta de Andalucía ejerza el derecho a la expropiación en defensa de los intereses de la ciudadanía, en caso de que no sea así dudamos mucho de que los y las almerienses, andaluces y resto de ciudadanos se mantengan al margen de este conflicto y se movilizarán para defender el Parque Natural de Cabo de Gata. |
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