A juicio de las tres organizaciones ecologistas, la Comunidad Autónoma de Murcia promueve actuaciones claramente insostenibles, de gran impacto en las zonas costeras y acelera el proceso de privatización del recurso pesquero más valioso que tenemos y que, hasta hace poco, beneficiaba a un importante número de pesquerí­as tradicionales. Actualmente, estas empresas de capital japonés y español, están acaparando cerca de la mitad de la cuota anual (TAC) de esta especie para todo el Atlántico Este (que incluye el Mediterráneo).

Buceadores de ANSE, WWF/Adena y Greenpeace desplegaron hoy jueves una pancarta submarina con el lema "Stop granjas de atún" en la granja situada en las inmediaciones de la Cala de Bolete, Cabo Tiñoso, Cartagena, perteneciente a la empresa Viver Atún, emplazada en una zona de alto valor ecológico de la costa murciana.

Las tres organizaciones presentaron a mediados de junio alegaciones al "Proyecto básico para la creación de un polí­gono dedicado al cultivo marino en jaulas flotantes en mar abierto, frente al Puerto de San Pedro del Pinatar y la Playa de Torre Derribada", promovido por la misma Consejerí­a de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, que supondrá la instalación de cuatro nuevas granjas de engrase de atunes rojos, con 1.000 toneladas de capacidad de producción cada una.

Las organizaciones han denunciado reiteradamente la falta de información sobre los efectos ambientales de esta nueva industria. Siete años después de iniciada la actividad de engrase de atunes en esta Región, se desconoce su impacto ambiental en el medio marino, hecho reconocido en el propio Estudio de Impacto Ambiental del nuevo proyecto: "No existen prácticamente datos sobre los ciclos de producción de túnidos en cautividad y, mucho menos, sobre los aportes de desechos al medio por este tipo de cultivos".

La Región de Murcia cuenta actualmente con 7 granjas autorizadas para el engrase de atún rojo (los ejemplares adultos de atún rojo, capturados en su periodo de reproducción en las aguas mediterráneas situadas frente al Levante español e Islas Baleares principalmente), que la convierten en la mayor región productor de atún rojo reprocesado en jaulas a nivel mundial.

Las organizaciones ANSE, WWF/Adena y Greenpeace denuncian públicamente la absoluta falta de transparencia que ha acompañado todo el proceso de autorización del nuevo polí­gono industrial de granjas de atún. En el trámite de evaluación ambiental, deberí­an haber sido consultadas instituciones como el Instituto Español de Oceanografí­a, que ya habí­a informado negativamente otros proyectos anteriores. Este oscurantismo resulta inadmisible dada la magnitud del proyecto y sus previsibles repercusiones sobre el medio ambiente costero y el crí­tico estado del stock Oriental de atún rojo.

Los nuevos polí­gonos proyectados en todo el litoral mediterráneo van a suponer un incremento considerable de las capturas de esta especie, lo que contribuirá notablemente a la sobreexplotación del atún rojo, cuya población es ya un 20% de la que existí­a en 1970.

Las practicas de engorde de atún plantean importantes problemas estadí­sticos reconocidos por las organizaciones que regulan las pesquerí­as en la zona, y están canalizando nuevas inversiones en la pesquerí­a, introduciendo más buques y tecnologí­a en una pesquerí­a ya al borde del colapso.

Por otra parte, la flota de cerco francesa, que trabaja principalmente para las granjas de engrase, ha sido reiteradamente denunciada por pescadores y ecologistas por el uso ilegal de avionetas en el mes de junio. Esta competencia desleal que supone el uso del cerco, avionetas y de la más avanzada tecnologí­a está amenazando el futuro de las pesquerí­as tradicionales de atún rojo.

En este sentido ANSE, WWF/Adena y Greenpeace denuncian el apoyo público que esta nueva industria está recibiendo a través de los fondos estructurales del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), tanto para las actividades acuí­colas como para la construcción de nuevos buques atuneros de cerco, en detrimento -lógicamente- del sector tradicional.

ANSE, WWF/Adena y Greenpeace demandan:

– Moratoria a la instalación de nuevas granjas de engrase de atunes rojos en los paí­ses mediterráneos.

– Creación por los gobiernos mediterráneos y la Unión Europea de regulaciones especí­ficas para las prácticas de engrase de atún rojo, teniendo en cuenta que se trata de actividades industriales de gran escala, con un fuerte impacto ambiental.

– Las prácticas de engrase deben someterse a las regulaciones de la pesca extractiva de atún, por lo que se pide la instauración de una cuota especí­fica de capturas para las granjas dentro del total asignado para el Mediterráneo.

– Deben regularse y evaluarse también las pesquerí­as de pequeños y medianos pelágicos utilizados para la alimentación de los atunes de las granjas, para prevenir la esquilmación de poblaciones locales y regionales de estas especies, y de sus repercusiones negativas sobre el resto de la cadena alimentaria.

– Establecimiento de una Reserva Pesquera para la población reproductora de atún rojo del Mediterráneo.