El 26 de noviembre de 2000, la RED CIUDADANA POR LA ABOLICIÓN DE LA DEUDA EXTERNA (RCADE) del Estado español, organizó una sentada pací­fica para reclamar, ante la opinión pública, la abolición de la deuda externa de los paí­ses empobrecidos en las escalinatas del Congreso de los Diputados. La respuesta de la policí­a bajo las órdenes del Delegado del Gobierno en Madrid, Sr. Ansuátegui fue brutal. De hecho, fue una de las actuaciones más polémicas y más criticadas de dicho Delegado del Gobierno, un personaje que durante la dictadura mostró su entusiasta apoyo a las ideas del general Franco, y que a lo largo de los últimos años se ha caracterizado por su actitud represiva y la criminalización de los movimientos sociales. La violenta carga policial fue portada en diversos periódicos y abrió informativos de televisión con las imágenes que las agencia EFE y Europa Press grabaron.

La policí­a no escatimó golpes y disparos de pelotas de goma contra los manifestantes. El resultado fueron 58 personas atendidas por los servicios hospitalarios de urgencia, de las cuales algunas continúan con secuelas fí­sicas.

Esta carga policial se menciona en el informe de Amnistí­a Internacional de 2000 como ejemplo de represión en el Estado español. Así­ mismo, meses después, el Ministro del Interior reconoció públicamente que la policí­a se habí­a excedido en su actuación en esta carga, así­ como en la de la manifestación antifascista y en la de SINTEL.

Hoy, 20 meses después de aquello, una persona, miembro de RCADE, ha sido CONDENADA A DOS AÑOS DE PRISIÓN y 1260 euros de multa por los delitos de Agresión y Atentado contra la autoridad.

La acción desde el principio se preparó con carácter pací­fico y no violento. Dicho carácter pací­fico se pudo constatar el dí­a 26, así­ como la violencia con la que las fuerzas de seguridad del estado actuaron contra los manifestantes: las imágenes están ahí­. Sorprendentemente, sin embargo, las denuncias interpuestas por las ví­ctimas así­ como por las fuentes hospitalarias se encuentran en una fase procesal muy retrasada, en claro contraste con la condena del compañero a dos años de cárcel. Reiteramos que los únicos que ejercieron violencia fueron las fuerzas de seguridad del estado y contra nosotras/os. En ningún momento ningún manifestante respondió a ninguna agresión.

Como ciudadanos y como RCADE nos horrorizamos de esta injusticia flagrante e increí­ble que viola los derechos fundamentales del ciudadano/ciudadana tales como la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho a intervenir en los asuntos públicos, el derecho a la libertad y seguridad de la persona y demás derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Denunciamos la indefensión prácticamente total del ciudadano/a ante el aparato del Estado y entendemos que esto no es un caso aislado, sino que responde a una polí­tica sistemática y planificada de criminalización, represión y desarticulación de movimientos sociales.

Reiteramos el horror que supone que condenen a una persona a dos años de cárcel por hacer una sentada pací­fica en el Congreso de los Diputados para pedir la abolición de la deuda externa, en la que los únicos agredidos fuimos nosotras y nosotros por parte de las fuerzas policiales. Esto es una clara evidencia de que no vivimos en un estado democrático por mucho que nos quieran convencer de ello.

Solicitamos el apoyo a este compañero, por todos los medios posibles, así­ como la difusión de este hecho vergonzante y absolutamente injusto.

Solicitamos la absolución inmediata de esta persona, ya que es completamente inocente, y su único delito fue poner su cuerpo para ser aporreado por las fuerzas del orden.