Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena denuncian que el aumento del presupuesto del Trasvase del Ebro en un 15% pone de manifiesto que los cálculos económicos de esta obra se ha hecho a la baja, haciéndolo más inviable ambiental y económicamente.

La gestión del agua en general, y del proyecto de trasvase del Ebro a la costa mediterránea en concreto, responden al derroche y la insostenibilidad, primando la oferta frente a la gestión sostenible de la demanda. El ministerio de Medio Ambiente será el responsable de la mayor destrucción de rí­os en España construyendo un gran trasvase y manteniendo a nuestro paí­s en el primer puesto en número de presas por habitante.

El proyecto de trasvase del Ebro constituye un paradigma de gestión más propio del Ministerio de Fomento (hormigón, túneles y acueductos) que del ministerio de Medio Ambiente que deberí­a dedicarse a la gestión sostenible de un recurso como el agua -escaso e imprescindible para la vida-, necesario para mantener los ecosistemas acuáticos y a la protección del medio natural.

Según Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena, en lugar de destinar los 3.700 millones de euros (que ahora son 4.300 millones, un 15% más de lo presupuestado inicialmente) para la construcción de una infraestructura derrochadora e inútil, el Ministerio de Medio Ambiente deberí­a descartar definitivamente el proyecto e invertir en eficiencia y ahorro, en aumentar la calidad del agua de los acuí­feros, en limitar decididamente el crecimiento de nuevos regadí­os y la construcción de nuevos complejos hoteleros y campos de golf, así­ como en la protección de los ecosistemas acuáticos (costeros y fluviales) del litoral Mediterráneo. Se deberí­a dar prioridad a las obras encaminadas a un a buen uso y gestión del agua, como son la modernización del regadí­o y de las redes de distribución así­ como el tratamiento de las aguas residuales.

El trasvase del Ebro es una "autopista de agua" que beneficiará directamente a las empresas constructoras, a los grandes regantes y a los promotores de las grandes infraestructuras turí­sticas -hoteles y campos de golf-. En definitiva, la financiación encubierta del sector privado con los costes sociales, ambientales y económicos repercutidos sobre el conjunto de la sociedad.

En la próxima conferencia de la Convención RAMSAR que se celebrará en el mes de noviembre en Valencia, el Gobierno español tendrá que explicar cómo piensa hacer frente a la destrucción y la erosión, por falta de aportes de sedimentos y caudales, en el Delta del Ebro, además de explicar cómo se están poniendo en práctica las más de 20 recomendaciones que RAMSAR emitió para asegurar la protección de este espacio, particularmente por el trasvase del Ebro.

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena han solicitado a la Comisión Europea que no financie el Trasvase del Ebro, un proyecto que antes de empezar ya ha visto aumentado su coste en 600 millones, que utilizará una red eléctrica especí­fica para el bombeo de agua con fuentes de energí­a sucia como la nuclear, que no repercutirá en los costes reales en el precio del agua, subsidiando a determinados sectores económicos, en una finalidad muy lejana a la que pretenden los fondos regionales y de cohesión y que afectará a varios espacios de la Red Natura 2000.