SOS RACISMO MADRID, con el apoyo de la Red Europea
Contra el Racismo (ENAR), en la que se encuentra integrada, quiere manifestar su repulsa por la discriminación por razón del origen en las personas, que ha detectado en la actuación de la empresa Circulo de Lectores, a la hora de suscripción de nuevos socios que pudieran ser inmigrantes.

Tras la denuncia recibida por diversas personas, y
tras la labor de investigación oportuna, hemos detectado que los trabajadores comerciales de dicha empresa tienen instrucciones de no suscribir como nuevos socios a personas inmigrantes, por el simple hecho de su nacionalidad y no por criterios económicos, en especial cuando se trata de personas de origen árabe.

Consideramos este hecho como una discriminación clara, manifiestamente injusta por basarse únicamente en el origen de las personas y también creemos que posee visos de ilegalidad, de ahí­ que a través de nuestra Oficina de denuncias, que fue quien recogí­o la denuncia, estemos estudiando la posibilidad de iniciar acciones judiciales en defensa de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas rechazadas por el simple hecho de su nacionalidad.

Entendemos también este hecho enmarcable en la espiral de criminalización que está sufriendo la población inmigrante que vive y trabaja en nuestra sociedad, y fruto de toda una polí­tica que se está siguiendo de marginalidad de estas personas, que requiere, a nuestro juicio, de la necesidad de la adopción de medidas legales y sociales que dejen de mirar a la inmigración como un problema. La sociedad está padeciendo esta polí­tica y el ámbito empresarial no es ajeno, como nos lo demuestran hechos como los que ahora denunciamos.

En este sentido, invitamos a quien sea ví­ctima o
testigo de discriminaciones parecidas a que se anime a denunciar, para que esta adopción de medidas que palien esta discriminación se realice lo antes posible. Recordamos desde SOS Racismo y ENAR, que está en marcha la trasposición de una directiva comunitaria de lucha contra estas formas de discriminación, sin que sepamos ni hayamos sido informados por el gobierno español sobre si se está haciendo algo para que, cuando se implante en nuestra legislación, suponga la posibilidad de adoptar medidas como las que requerimos en este momento.