Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, José Marí­a Fidalgo y Cándido Méndez, han enviado una carta a los grupos parlamentarios en la que se solicita que emprendan las iniciativas pertinentes para sustituir a Marí­a Teresa Esteban Bolea como presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear. Los sindicatos consideran imprescindible que se garantice la independencia del organismo encargado de velar por la seguridad nuclear, y que el secretismo y la falta de información que han caracterizado al Consejo de Seguridad Nuclear sea sustituido por una practica de transparencia y difusión de la información a la sociedad.

Además de la sustitución de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Marí­a Teresa Esteban Bolea, por otra persona merecedora de tan importante responsabilidad, José Mª Fidalgo y Cándido Méndez han pedido a los grupos parlamentarios que se promuevan las modificaciones legislativas oportunas para que los trabajadores y técnicos de las instalaciones nucleares y radiactivas tengan los canales adecuados para poder comunicar a los organismos responsables de su control cualquier deficiencia que observen en la seguridad de sus instalaciones, en el caso de que las empresas propietarias de las mismas oculten dichas informaciones, así­ como para que tengan amparo legal suficiente en relación con posibles represalias laborales en el caso de que denuncien las deficiencias que conozcan por razón de su empleo.

Los sindicatos recuerdan en su carta que cuando en 2001 Dª Marí­a Teresa Esteban Bolea tomó posesión de su cargo como presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear realizó públicamente diversas declaraciones posicionándose a favor de prolongar el uso de la energí­a nuclear. Estas declaraciones despertaron crí­ticas por parte de entidades sociales y de la propia Junta de Personal del Consejo, puesto que la función del organismo es exclusivamente la de garantizar que todas las actividades relacionadas con las instalaciones nucleares y el empleo de radiaciones ionizantes se realizan sin riesgos y dentro de la legalidad, pero es impropio e inoportuno posicionamientos a favor de uno u otro modelo energético.

Más adelante ha mantenido una total falta de transparencia y una notable opacidad a la hora de proporcionar información a la opinión pública respecto de la situación de seguridad en algunas centrales nucleares. Así­ mismo está realizando diversas amenazas y acusaciones a los trabajadores del organismo en relación con esa polí­tica informativa, llegando incluso a cambios de puestos de trabajo, que muy bien pudieran considerarse como casos de persecución laboral y sindical.

Este acoso desatado por la presidenta y la lí­nea de posicionamientos mencionada anteriormente hace perder el carácter objetivo e independiente que el Consejo de Seguridad Nuclear ha de tener, por la propia naturaleza de sus funciones y por la institución de la que depende: el Congreso de los Diputados.