Un equipo jurí­dico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha realizado un estudio sobre la atención en nuestro paí­s, a los menores extranjeros no acompañados, y en especial, de los sistemas de determinación de la edad de los posibles menores. Según el informe presentado, el tratamiento de este fenómeno por parte de la administración española no respeta en algunos casos las normas internacionales en la materia, recurre a procedimientos de determinación de la edad obsoletos y dificulta el acceso de esos menores al asilo.

"Los niños refugiados representan la mitad aproximadamente de la población mundial de refugiados" asegura el "Informe sobre la situación de la determinación de la edad a menores no acompañados en España" Esos niños que llegan a paí­ses como España huyendo de la guerra, la explotación laboral o la prostitución se encuentran con grandes trabas jurí­dicas y administrativas para poder demostrar su condición y acceder al estatuto de refugiado. Los menores no acompañados solicitantes de asilo deben en primer lugar, demostrar que no se encuentran acompañados por sus padres o parientes directos, y, en segundo lugar, que son menores de 18 años. De la determinación de su edad por las autoridades "“normalmente carecen de documentación o ésta es falsa- depende la puesta en marcha de los mecanismos de protección.

Métodos obsoletos de determinación de la edad

El informe recuerda que en nuestro paí­s, para determinar la edad del menor, sólo se utilizan "técnicas de determinación ósea" , es decir, la radiografí­a de la mano y la muñeca izquierda cuyos resultados se confrontan con tablas obsoletas (realizadas en los años 30 en Estados Unidos para los descendientes de inmigrantes europeos de raza blanca) que no se complementan con otros exámenes clí­nicos. Se considera que ese sistema puede arrojar un margen de error de 18 meses.

Aunque la propia Fiscalí­a recomienda "“debido a la falta de precisión del sistema "“ que se tenga en cuenta la edad inferior de la horquilla que los servicios médicos señalen, esa instrucción, en la práctica no se tiene en cuenta, según los servicios jurí­dicos de CEAR.

En muchas ocasiones -denuncia el informe- los márgenes de error que dan estas pruebas no quedan reflejados en los informes médicos. Esa ausencia de información puede privar a los menores del amparo reconocido en la legislación.

Lentitud administrativa

En el caso de que se le considere menor, ACNUR recomienda que la solicitud de asilo del menor deberí­a tramitarse con la mayor celeridad dada la especial vulnerabilidad del niño. Sin embargo, los servicios jurí­dicos de CEAR niegan que en la práctica, se aplique esa tramitación urgente.
Otro problema detectado por CEAR es que la Oficina de Asilo y Refugio "pone impedimentos a la hora de aceptar solicitudes de asilo formuladas por menores que aún no han sido tutelados por la institución correspondiente" Dada la tardanza con que se tramitan las tutelas, existen casos en que el niño alcanza la mayorí­a de edad antes de haber podido presentar la solicitud.

Asimismo, CEAR llama la atención sobre la "falta de cooperación y/o coordinación" entre las instituciones responsables de proteger al menor y tramitar las peticiones de asilo, lo que retrasa aún más el proceso.

Recomendaciones

El informe solicita a la administración española que adopte métodos de determinación de la edad más modernos y eficaces que tengan en cuenta modelos de distintos paí­ses de procedencia y reduzcan el margen de error. En cuanto a las dificultades administrativas, insta al Ministerio del Interior a que establezca una coordinación entre la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), El GRUME de la Policí­a Nacional y otros organismos como la Fiscalí­a de Menores y los departamentos de las Comunidades Autónomas encargados de la protección de menores, con el fin de que el proceso de solicitud de asilo de los menores no acompañados sea rápido y flexible.

Por último, el estudio insiste en la necesidad de una normativa que garantice que siempre que la policí­a detecte la presencia de un posible menor, se tomen las medidas necesarias para determinar su edad, aunque la persona asegure ser mayor de edad (como viene ocurriendo en el caso de menores dedicados a la prostitución) Esa medida aumentarí­a la protección de los menores frente a las mafias que los controlan.