A primera hora de esta mañana, la Fuerza de Defensa Israelí­ ha detenido a 21 familiares varones de presuntos autores de recientes ataques suicidas palestinos contra israelí­es y amenaza con trasladarlos de Cisjordania a Gaza.

"El traslado forzoso de estas personas en estas circunstancias es un castigo colectivo. Pedimos al gobierno israelí­ que no aplique esta medida", ha manifestado Amnistí­a Internacional.

"Si se sospecha -añadió la organización- que alguno de los detenidos es autor de un delito común reconocible, deben presentarse cargos contra él y ponerlo a disposición judicial sin demora. De lo contrario debe quedar en libertad".

Según el derecho internacional humanitario los castigos colectivos son ilegales. "No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido" (artí­culo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra). Las personas protegidas son las que viven en territorios bajo ocupación militar, como sucede con Cisjordania y la Franja de Gaza desde 1967.

El traslado ilegal de personas protegidas constituye un crimen de guerra en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, que refleja el derecho internacional consuetudinario, señala que este tipo de violaciones también pueden constituir crí­menes de lesa humanidad.

La Fuerza de Defensa Israelí­ también demolió al menos dos casas donde viví­an algunos de los 21 detenidos, lo cual también constituye un castigo colectivo prohibido por el derecho internacional humanitario.

Entre los 21 detenidos están los hermanos y el padre de ’Ali Ajuri, presunto organizador del atentado suicida de Tel Aviv, y los de Nasser y ’Asem Abu Asida, presuntos autores del atentado contra un autobús cerca de Emmanuel.

Según los informes, el gobierno israelí­ ha pedido al fiscal general una opinión legal sobre el traslado de palestinos de Cisjordania a Gaza o su expulsión a otros paí­ses.