Amnistí­a Internacional ha declarado hoy que las mejoras en materia de derechos humanos que se han experimentado en algunas zonas de Myanmar, antigua Birmania, no han tenido el mismo alcance en las zonas donde habitan las minorí­as étnicas, donde los insurgentes continúan luchando contra el gobierno central.

En un nuevo informe, Amnistí­a Internacional describe cómo los civiles de la zona este de Myanmar luchan por sobrevivir mientras el tatmadaw sigue planteando exigencias y poniendo trabas a su medio de subsistencia.

La organización ha entrevistado a unos 100 trabajadores migratorios, que afirmaban haber abandonado sus hogares porque no podí­an sobrevivir. La gran mayorí­a pertenecí­a a las minorí­as étnicas shan, mon y karen, que habitaban en zonas rurales y viví­an de la agricultura y la pesca.

Muchos de los entrevistados habí­an sido sometidos a trabajos forzados no remunerados en los últimos 18 meses, entre estos se incluyen obras de construcción de carreteras y campamentos militares, trabajo en granjas militares y porteadores de los soldados.

A pesar de que el gobierno de Myanmar ha prohibido los trabajos forzados, las órdenes de dejar de utilizar civiles no siempre se acatan. "El gobierno de Myanmar debe garantizar que la orden se acata en todos los niveles de las fuerzas militares. Además, debe informarse a los ciudadanos sobre sus derechos en un idioma que puedan entender", ha afirmado AI.

El informe de Amnistí­a Internacional describe también cómo se sigue asesinando y torturando a los civiles durante las operaciones de contrainsurgencia

Una mujer mon de 23 años recordaba cómo les habí­an arrebatado la plantación de caucho de sus padres, al igual que las tierras de al menos 30 familias mon, en julio de 2001. Los agentes del tatmadaw talaron los árboles, subieron las cuotas que debí­an pagar y obligaron a la familia de esta mujer a desplazarse a la ciudad y trabajar para los militares, sin remuneración alguna, en la construcción de cuarteles.

Los trabajadores migratorios se enfrentaban a continuas exigencias de dinero y de bienes por parte del tatmadaw. El ejército gravó la producción de arroz de tal manera que a menudo se obligaba a los agricultores a que entregasen o vendiesen una cantidad fija de su producción de arroz, a un precio muy inferior al del mercado, con lo cual a los agricultores no les quedaba suficiente arroz para alimentar a sus familias.

Amnistí­a Internacional ha declarado que "el gobierno debe demostrar que se toma en serio la mejora de la situación de los derechos humanos en todo el paí­s, adoptando medidas urgentes para proteger a los civiles de los trabajos forzados, la extorsión y la confiscación de tierras por parte de las fuerzas armadas". La seguridad de los civiles se ve además comprometida por la proliferación de diversos grupos armados.

El informe describe también la vida de los trabajadores migratorios birmanos en Tailandia, donde se enfrentan a diversas amenazas al desplazarse desde sus casas. Estos trabajadores son ví­ctimas de abusos a ambos lados de la frontera, muchas veces a manos de traficantes de personas. En febrero de este año, la policí­a tailandesa encontró cerca de la frontera los cadáveres de 20 trabajadores migratoriosde la etnia karen, a quienes se habí­a vendado los ojos, maniatado y degollado.

Los derechos humanos en Myanmar

Desde finales del año 2000 se han experimentado ciertas mejoras en la situación de los derechos humanos en Myanmar. El gobierno ha permitido que varias delegaciones internacionales visitaran el paí­s, entre las que se encontraban el enviado especial del secretario general de la ONU sobre Myanmar, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos para Myanmar, y el equipo de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante este periodo se ha puesto en libertad a más de 300 presos polí­ticos, entre ellos Aung San Suu Kyi, dirigente de la Liga Nacional para la Democracia, principal partido polí­tico de Myanmar, puesta en libertad en mayo de este año.