Una amplia representación de la quincena de ayuntamientos y diversos colectivos sociales, reunidos en el Ayuntamiento de Torrelaguna, consideran que la degradación actual de los rí­os madrileños tiene su origen en una actuación crónica e irresponsable por parte de la Administración de Madrid, que mantiene año tras año una gestión del agua destinada prioritariamente a acaparar un recurso escaso, satisfacer actividades y consumos insostenibles, y alcanzar saneados balances económicos en la recaudación (el Canal de Isabel II reconoce unos beneficios de 6 millones de euros en el primer trimestre de 2002). Tal y como se viene advirtiendo desde el pasado mes de febrero, el resultado no podí­a ser otro que la desecación generalizada en los cauces de los tramos alto y medio de los rí­os de Madrid y Guadalajara que forman arte de la red de suministro que gestiona el Canal de Isabel II.

La crí­tica situación actual afecta a tramos que se encuentran bajo protección de la Unión Europea (dos zonas LIC de la Red Natura). El cierre de las compuertas de la presa de El Vado, por parte del Canal de Isabel II constituye además un desafí­o intolerable al Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que en abril de 2000 falló estableciendo un caudal mí­nimo en El Vado.

En la actualidad ya se han producido mortandades de peces, la probable pérdida de especies protegidas, como la nutria, la caí­da del nivel freático que afectará a la productividad agrí­cola, así­ como un grave problema sanitario aguas debajo de San Sebastián de los Reyes, al no encontrar los numeroso vertidos agua para disolverse. Además del cierre de compuertas en El Vado y Atazar, se encuentran a pleno rendimiento los numerosos pozos de bombeo que el Canal de Isabel II gestiona en la ribera (Venturada, Torremocha...), esta extracción masiva de aguas subterráneas, y la pérdida de humedad en los suelos, es una amenaza para la supervivencia de la vegetación, la productividad agrí­cola y la estabilidad de suelos y cauce.

La asamblea adoptó, entre otros acuerdos, dirigirse al fiscal de medio ambiente para defienda el patrimonio público, a la Comisión Europea para exigir el respeto a las Directivas Comunitarias, intensificar la aprobación de mociones en todos los pueblos ribereños (*), así­ como recoger firmas entre los vecinos y organizar una concentración en las oficinas del canal (c/. Santa Engracia) durante el mes de julio. Así­ mismo, los reunidos se dirigirán por escrito al Presidente de la Comunidad de Madrid solicitando su intervención directa para modificar definitivamente los criterios con los que se gestiona el agua en la Región de Madrid.

En la reunión fueron repartidos carteles de denuncia para colocar en los pueblos de toda la ribera.