Millares de personas han sido detenidas y recluidas prácticamente en secreto, y otras han muerto en circunstancias inciertas. Centenares más se enfrentan a juicios sumarios y secretos, y quizá a ejecución. Según informes, muchas han sido torturadas para obligarlas a confesar o como castigo después de haber sido condenadas.

El pasado 8 de julio, el Ministerio de Justicia anunció que 330 personas habí­an sido juzgadas por delitos de terrorismo y recibido condenas que oscilaban entre multas y la pena de muerte. No se proporcionaron los nombres de las personas en cuestión ni información relacionada con los cargos formulados, manteniendo el secreto del proceso judicial.

"Estas medidas antiterroristas injustas han agravado la ya mala situación de los derechos humanos "“ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistí­a Internacional para Oriente Medio y el Norte de África"“. El Gobierno saudí­ ha utilizado su poderosa influencia internacional para aplicarlas sin problema, y la comunidad internacional no le ha pedido cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos."

De los millares de personas que se encuentran bajo custodia de las autoridades, algunas son presos de conciencia, a los que se ha detenido por criticar pací­ficamente la polí­tica del gobierno. La mayorí­a son presuntos partidarios de grupos islamistas o de facciones contrarias a los estrechos ví­nculos del Gobierno saudí­ con Estados Unidos y otros paí­ses occidentales, que han perpetrado diversos atentados contra occidentales y ciudadanos de otros paí­ses y a los que las autoridades tachan de "equivocados". También hay entre ellas personas devueltas de Irak, Pakistán, Yemen y otros paí­ses.

"Los abusos se llevan a cabo en secreto "“explica Malcolm Smart"“. Las personas detenidas no tienen ni idea de lo que van a hacer con ellas. La mayorí­a pasan años recluidas en régimen de incomunicación, sin juicio y sin acceso a abogados ni a un tribunal ante el que impugnar la legalidad de su detención. Esta situación tiene un efecto devastador en la persona detenida y en su familia."

Las medidas antiterroristas adoptadas por el Gobierno tras los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 han exacerbado los abusos contra los derechos humanos que se vení­an cometiendo ya en el paí­s desde hací­a mucho tiempo. Las detenciones arbitrarias y la reclusión prolongada, sin juicio y sin acceso a un abogado, de personas detenidas por razones polí­ticas o de seguridad son un problema de derechos humanos en Arabia Saudí­ desde hace mucho tiempo, pero el número de personas detenidas arbitrariamente ha pasado de centenares a miles desde 2001, y entre ellas hay tanto ciudadanos saudí­es como extranjeros.

En julio de 2007, el ministro del Interior informó de que entre 2003 y 2007 habí­an sido detenidas por motivos de seguridad 9.000 personas, 3.106 de las cuales seguí­an privadas de libertad. Otras han sido sometidas a un programa oficial de "reeducación", aunque no se sabe bien cómo se las ha seleccionado ni en qué condiciones pueden conseguir la libertad.

Según informes, entre las torturas y otros malos tratos infligidos figuran actos como someter a la ví­ctima a fuertes palizas con palos, darle puñetazos, colgarla del techo, aplicarle descargas eléctricas e impedirle dormir. Asimismo, se imponen judicialmente penas de flagelación, solas o como complemento de condenas de prisión, que pueden ser de millares de latigazos.

Amnistí­a Internacional pone de relieve en su informe que los juicios de personas detenidas por motivos polí­ticos o de seguridad se llevan a cabo con sumo secreto y sin respetar las normas internacionales de justicia procesal. En marzo de este año, el Gobierno anunció el inició ante un tribunal penal especial de los juicios de 991 personas acusadas de delitos penados con la muerte. En muchos casos, ni los acusados ni sus familias son informados de la marcha de los procedimientos judiciales entablados contra ellos.

Las medidas antiterroristas introducidas desde 2001 han retrasado el limitado proceso de reforma que se habí­a iniciado en materia de derechos humanos en Arabia Saudí­. Sumadas a la severa represión de todas las formas de disidencia y al débil marco de derechos humanos existente, hacen que en la actualidad haya una falta casi completa de protección de las libertades y los derechos.

Información complementaria
"Por favor, no nos abandonen a las garras de la tiraní­a y el poder ciego. Temo por mí­, por mis hijos y, especialmente, por mi esposo, que está detenido. No sé qué le ha ocurrido, dónde está ni qué le van a hacer. En cuanto a mis hijos y a mí­, sin él estamos muertos en vida. Por favor, ayúdenme a conseguir justicia para mi esposo. Se lo ruego por Dios."
Este es uno de los muchos gritos de ayuda que Amnistí­a Internacional ha recibido de esposas, madres, hermanos y hermanas de personas contra cuyos derechos humanos se están cometiendo con impunidad abusos en Arabia Saudí­ en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. El nombre de quien lo ha dado se ha omitido por temor a que sufra represalias.

Según informes, el Dr. Saud al-Hashimi, preso de conciencia, ha sido sometido varias veces a tortura y otros malos tratos desde su detención, en febrero de 2007. Los informes indican que la última vez fue en junio de 2009 como consecuencia de haberse declarado en huelga de hambre para protestar por su reclusión indefinida sin juicio. Al parecer, le quitaron toda la ropa, excepto la interior, lo esposaron y lo sacaron a rastras de su celda para llevarlo a otra donde hací­a mucho frí­o, en la que lo tuvieron durante cinco horas. Él y al menos otros seis presos de conciencia recluidos en la prisión de Dhahban, cerca de Yidda, quedaron convertidos en objetivo de las autoridades por pedir reformas polí­ticas, examinar una propuesta de establecimiento de una organización independiente de derechos humanos en Arabia Saudí­ y pedir el fin de la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios del Ministerio del Interior. Éste afirma que fueron detenidos por recaudar fondos para apoyar el terrorismo, pero ellos lo niegan rotundamente. Desde su detención, se encuentran recluidos sin cargos ni juicio en régimen de aislamiento y siguen expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos.

Abdul Rahman al-Sudais, saudí­ de 48 años, profesor de la Universidad Um al Qura de La Meca, fue detenido en 2003. El gobierno afirmó que lo habí­an detenido junto con una célula de "terroristas", pero su juicio se celebró en secreto y sin que se le permitiera contar con asistencia letrada. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha determinado que su reclusión es contraria a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que la lucha contra las amenazas terroristas no puede justificar el menoscabo del derecho al debido proceso de todo acusado. Al menos en otro caso, tres o cuatro personas acusadas de homicidio fueron ejecutadas, tras lo cual se crucificaron sus cadáveres.