En el informe de Human Rights Watch, "Discrecionalidad sin lí­mites: la aplicación arbitraria de la ley española de inmigración", se critica la aplicación inconsecuente y descoordinada de la Ley 8/2000. En el informe se critica también el trato arbitrario a inmigrantes y solicitantes de asilo en España-en aeropuertos, en Madrid, en la costa de Andalucí­a, en dos ciudades españolas del Norte de África (Ceuta y Melilla) y en las Islas Canarias.

En su encuentro en Sevilla del 21-22 de junio, los jefes de Estado de la Unión Europea (UE) debatieron medidas adicionales para controlar la inmigración.

"Nos preocupa seriamente que las medidas de la UE no hagan más que empeorar el tipo de trato que hemos documentado en España", dijo Elizabeth Andersen, directora ejecutiva de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch.

Los investigadores de Human Rights Watch descubrieron que el trato a los inmigrantes y solicitantes de asilo en España depende principalmente del punto de entrada al paí­s, a pesar de que las leyes de inmigración y asilo españolas deberí­an aplicarse uniformemente en todo el paí­s.

Los investigadores descubrieron que en el caso de ciertos grupos de inmigrantes, especialmente los argelinos, las autoridades españolas emplean procedimientos informales para determinar su paí­s de origen, lo que conduce a veces a decisiones poco fiables y arbitrarias. Human Rights Watch también documenta violaciones inquietantes de los derechos procesales de inmigrantes y solicitantes de asilo, especialmente de su derecho a obtener información en un idioma que entiendan, a servicios jurí­dicos y de traducción e interpretación y a una oportunidad de apelar.

A Human Rights Watch le preocupa que el gobierno español haya concentrado recientemente sus esfuerzos en el control de la inmigración y la aceleración del proceso de expulsión y deportación de inmigrantes, en lugar de ocuparse de los graves abusos a los derechos humanos identificados por Human Rights Watch y otras organizaciones. Human Rights Watch hace un llamamiento al gobierno español para que:

tome medidas inmediatas para solucionar las deficiencias de coordinación entre las autoridades centrales, regionales y locales, con objeto de asegurar una interpretación y aplicación justa y consistente de la Ley 8/2000 y sus reglamentos;

se asegure de que la ley sobre extranjerí­a es aplicada de una forma no discriminatoria, incluyendo la creación de directrices claras para los procedimientos de identificación;

proporcione a todos los inmigrantes y solicitantes de asilo folletos informativos sobre los procedimientos españoles de inmigración y sobre sus derechos conforme a la ley española, regional e internacional, en un idioma que puedan entender;

se encargue de instruir en cuestiones legales de inmigración y asilo a los abogados que representan a los inmigrantes y se asegure de que estos inmigrantes tienen la oportunidad real de buscar asistencia jurí­dica y de acceder a una representación legal adecuada en todos aquellos procesos relativos a su situación y derechos; y

se asegure de que todos los casos de inmigrantes sometidos a algún proceso de retorno en España se consideran de forma completa e individualizada en lo relativo a la repatriación, devolución o expulsión.

La investigación de Human Rights Watch, realizada a finales de 2001, incluyó entrevistas en profundidad con toda una serie de funcionarios gubernamentales y especialistas y observadores no gubernamentales, así­ como con inmigrantes en toda España. La investigación y el informe forman parte de una serie de informes sobre el trato a los inmigrantes en Europa Occidental.