Sólo en 2008, hasta 380.000 personas tuvieron que huir de sus hogares, lo que supuso un aumento de más del 24 por ciento con respecto a 2007. Hoy, en Colombia hay entre tres y cuatro millones de personas desplazadas internamente, el equivalente a la población entera de Uruguay, lo que la convierte en uno de los paí­ses con mayor población desplazada internamente del mundo. Se cree que al menos 500.000 personas más han huido a paí­ses vecinos.

La mayorí­a de las personas desplazadas huyen de la violencia derivada de los 40 años de conflicto armado interno: muchas han sido sometidas deliberadamente a hostigamiento por la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad en el marco de estrategias que tienen por objeto expulsar a comunidades enteras de zonas de importancia militar, estratégica o económica.

La gran mayorí­a de las personas afectadas son miembros de comunidades indí­genas, afrodescendientes y campesinas, que en muchos casos viven en zonas en las que las partes en el conflicto están interesadas.

"La difí­cil situación humanitaria imperante en Colombia es una de las mayores tragedias ocultas de hoy dí­a y desmiente la afirmación del gobierno colombiano de que el paí­s ha superado su turbulento pasado", ha manifestado Marcelo Pollack, director adjunto del Programa para América de Amnistí­a Internacional.

"Hasta que las autoridades colombianas no reconozcan las verdaderas consecuencias del conflicto las posibilidad de que los derechos humanos de los millones de personas afectadas estén protegidos serán mí­nimas", ha añadido Marcelo Pollack.

Gran parte de la riqueza acumulada por los paramilitares y por quienes les respaldan dentro de la polí­tica y el sector empresarial está basada en la apropiación indebida de tierras por medio de violencia o amenazas de violencia. Se calcula que se han robado de este modo entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierras que pertenecí­an a millares de campesinos, indí­genas y afrodescendientes.

La mayorí­a de las personas desplazadas huyen de sus casas precipitadamente, en situaciones de amenaza inminente para su vida. Algunas se ven separadas de sus familias o sus comunidades y tienen que huir llevando consigo únicamente lo que puedan transportar. La mayorí­a sufren luego discriminación en cualquier sitio al que vayan, y no tienen perspectivas de regresar alguna vez a su hogar.

Una persona desplazada dijo a una delegación de Amnistí­a Internacional enviada a Colombia: "Me tocó salir de la vereda. La violencia me ha azotado. Hay presencia de PM [paramilitares] y ejército y de la guerrilla. Me mandaron papelito diciendo que me iban a matar. El papelito me llegó una noche [...] Una noche llegó un tipo con un arma a mi casa. Nos dio susto. Eran las 8 de la noche. No era para bueno. Estaba rodeando la casa con arma, nadie de la familia lo ha visto, pero un vecino sí­ lo vio. Me dijeron, mejor que se vaya. Yo salí­ con la familia, mi hija mayor y su niño incluida. Somos siete en total".

Amnistí­a Internacional insta a las autoridades colombianas a que tomen medidas efectivas para impedir el desplazamiento forzado, mejorar la protección de la población civil e identificar y devolver a sus legí­timos propietarios o a sus familias todas las tierras y demás bienes robados. Asimismo, la organización pide a todas las partes en el conflicto que respeten el derecho de la población civil a no verse involucrada en el conflicto.