El desarrollo UZP 3.01 "Valdecarros" supone la desclasificación de 5,5 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable de especial protección (30% de su superficie) que con la aprobación irregular del PGOUM de 1997 pasó a ser urbanizable.

En febrero del año 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fallaba anulando "aquellas determinaciones que suponen la desclasificación de terrenos clasificados en el Plan General de 1985 como Suelo No Urbanizable de Especial Protección" en un total de 28 zonas entre las que se encuentra Valdecarros.

En julio del año del año 2007 el Tribunal Supremo volví­a a fallar ratificando "los pronunciamientos de aquella sentencia" del TSJM, en 22 desarrollos urbaní­sticos entre los que se sigue encontrando Valdecarros.

Que de nuevo, en enero de 2008, el TSJM volví­a a quitar la razón al Ayuntamiento de Madrid al no considerar "actos de ejecución de sentencia las actuaciones administrativas" llevadas a cabo desde el consistorio para justificar, 11 años después, la desclasificación del suelo llevada a cabo en el planeamiento de 1997.

La zona objeto de la desclasificación realizada de forma irregular se corresponde con los cantiles de la cuenca baja del rí­o Manzanares, formaciones yesí­feras inexistentes en el resto de Madrid que sirven de defensa natural al cauce y las terrazas del rí­o y que albergan elementos singulares como el poblado carpetano del Cerro de la Gavia, de época prerromana, o importantes restos de la lí­nea de defensa del Ejercito Republicano durante la Guerra Civil, que confieren a este espacio uno de los mayores valores medioambientales, culturales e históricos de toda la ciudad.

Por ello, volvemos a poner de manifiesto que,

El desarrollo urbaní­stico de Valdecarros, según lo establecido en el PGOUM de 1997, supone un grave atentado contra el medioambiente y la historia y cultura de Madrid, vinculados al rí­o Manzanares junto a nuestro Parque Lineal.

Dejará en situación de inseguridad jurí­dica a más de 150.000 vecinos previstos, cuyas viviendas podrí­an ser demolidas por orden judicial.

En el actual contexto, con cientos de miles de viviendas construidas y sin vender, ejecutar un desarrollo con una superficie y población superior a la de Albacete, como alardea el ejecutivo municipal, no sólo es un absurdo sino una irresponsabilidad que sólo puede tener su explicación desde la defensa de los intereses de los propietarios de suelo y promotoras que se realiza desde la administraciones madrileñas.

Desde esta Asociación se llevarán a cabo las medidas que estén a nuestro alcance para evitar que este desarrollo se llegue a ejecutar tal y como está proyectado.