Desde el pasado mes de mayo tramos importantes de estos cauces se encuentran totalmente secos, afectando en la actualidad, en la Región de Madrid, a zonas pertenecientes a la Red Natura (LIC Cuenca de los rí­os Jarama y Henares y LIC Cuenca del rí­o Lozoya y Sierra Norte), bajo protección de la Unión Europea. Estos tramos desecados alcanzan ya las inmediaciones de la zona de Torremocha-Talamanca

La desecación de los cauces, que se acrecentará en las próximas semanas, constituye una agresión gratuita e irresponsable por parte de la Consejerí­a de Medio Ambiente, de la que depende el Canal de Isabel II. Desde el pasado mes de febrero diversos ayuntamientos ribereños y entidades sociales vienen reclamando de esta Administración medidas urgentes ante la crí­tica situación de los embalses tras el invierno más seco de los últimos 90 años (entonces las reservas de los embalses alcanzaban un 55%, un 30% menos que el año anterior), y el creciente consumo de agua en nuestra Región (incremento del 3% en el 2001). Hasta finales del pasado mes de junio, cuando la situación ya era irreversible, la Consejerí­a de Medio Ambiente no ha puesto en marcha ninguna campaña de ahorro, ni renuncia a promover o apoyar proyectos que son grandes derrochadores de un recurso del que carecemos. En febrero, cuando ya la situación era crí­tica, se anunciaba por el Presidente de la Comunidad de Madrid la construcción de 3 grandes complejos de golf (120 ha) en la estepa de Valdemoro, que se suman a los 21 que ya están funcionando; se apoya la construcción de una central térmica en Morata de Tajuña con consumos de agua de hasta 278.370 litros/hora, etc.

Con este modelo de gestión era previsible el sacrificio de los rí­os madrileños, un fenómeno que ya se viene repitiendo desde 1993 y que constituye una agresión ambiental difí­cil de entender en un paí­s que alardea de innovador y moderno. La gestión que lleva a cabo el Canal de Isabel II tiene como única prioridad alcanzar balances económicos saneados (6 millones de euros de beneficios en el primer trimestre de 2002). Lejos de actuar sobre la demanda para reducirla, fomentando el ahorro de un recurso escaso, se fomenta el consumo incluso el derroche, poniendo en circulación (mercado) cuanta agua se demanda, obviando las consecuencias ambientales, económicas o sanitarias.

Las compuertas de la presa de El Vado llevan meses cerradas, despreciando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha (de abril de 2000) que obligaba a liberar un caudal mí­nimo de 300 litros/segundo. Los pozos que el Canal de Isabel II gestiona en Venturada, Torremocha y Patones funcionan a pleno rendimiento, a pie de rí­o, desaguando el escaso caudal que aportan algunos arroyos. En Valdentales se construyen dos nuevas plantas de bombeo. Los riegos agrí­colas se realizan "a manta" por todo el valle, incluso en las horas centrales del dí­a. Por los tramos bajos del rí­o (Parque del Sureste) ya sólo circula un lí­quido maloliente que no es otra cosa que la suma de los numerosos vertidos ilegales y aguas insuficientemente tratadas en las depuradoras. Con esta aguas fecales se riegan las parcelas agrí­colas de San Martí­n de la Vega a Aranjuez. En la actualidad ya se han producido mortandades masivas de peces en tramos del rí­o Henares y del Jarama, un desastre que se incrementará durante las próximas semanas conforme vaya disminuyendo el oxí­geno disuelto.

Para hacer frente a esta situación numerosos ayuntamientos y colectivos sociales vienen poniendo en marcha, desde hace tiempo, diversas iniciativas (mociones municipales, recogida de firmas, encuentros con responsables de la Consejerí­a, etc.) para tratar de garantizar lo que es perfectamente compatible: que haya agua para nuestros grifos y nuestros rí­os. El próximo dí­a 5 se estudiarán nuevas iniciativas para "convencer" a la Consejerí­a de Medio Ambiente que la conservación de nuestros cauces es una obvia prioridad, y que los rí­os no son canales por donde se pierde el agua. Entre otras iniciativas está previsto estudiar la presentación de denuncias ante la fiscalí­a y La Comisión Europea.