Esto significa que, pese a la prohibición universal de la tortura, en más del 50 por ciento de los paí­ses del mundo se han aplicado estas prácticas. Una cifra que se sitúa en el 79 por ciento cuando nos referimos a los paí­ses que integran el G-20.

"Con demasiada frecuencia, las ví­ctimas siguen indefensas porque sufren un sistema de justicia que no exige rendición de cuentas a los responsables, y no cuentan con acceso inmediato a representación letrada. En muchas ocasiones, los fiscales no emprenden investigaciones, las ví­ctimas tienen miedo a ser objeto de represalia si denuncian, y las penas que se imponen a los agentes declarados culpables son muy leves. El resultado es que en muchos lugares se ha perpetuado una cultura de impunidad ", señaló Esteban Beltrán, director de Amnistí­a Internacional España. En paí­ses de África como Camerún, Chad, la República Centroafricana, Sudán o Sierra Leona hubo una amplia variedad de violaciones de derechos humanos como la brutalidad policial, el uso de fuerza excesiva y numerosos casos de detención arbitraria y prolongada sin cargos. Muchas personas fueron torturadas o sufrieron otras formas de malos tratos y también se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales.

En Zimbabue, 23 activistas polí­ticos y de derechos humanos sufrieron desaparición forzada y luego fueron recluidos por la policí­a entre octubre y diciembre de 2008. Fueron torturados bajo custodia y algunos por ello siguen recibiendo tratamiento médico. Todos menos tres obtuvieron la libertad bajo fianza en febrero y marzo de 2009.

En América, algunos Gobiernos cerraron los ojos ante las denuncias de torturas y homicidios ilegí­timos e intentaron justificar los abusos diciendo que eran necesarios en el actual clima de inseguridad pública. Apenas hubo comisiones independientes de investigación y sigue preocupando el trato dado a los más de 200 detenidos que continúan en la base estadounidense de Guantánamo.

En México, los homicidios ilegí­timos, las torturas, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias por parte de la policí­a fueron generalizados. Se adoptaron medidas para crear una policí­a federal única con mayores atribuciones en materia de investigación, pero no se pusieron en marcha iniciativas importantes para reforzar la rendición de cuentas de la policí­a. Las investigaciones sobre casos emblemáticos recientes como las torturas y otros malos tratos a decenas de manifestantes en Guadalajara en 2004, las torturas "“incluida violación"“ de al menos 26 detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y las decenas de casos de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilegí­timos registrados durante la crisis polí­tica de Oaxaca en 2006 y 2007 apenas arrojaron resultados positivos.

En Asia y Oceaní­a la organización también ha documentado diferentes casos de tortura, tanto a manos del Estado como de grupos armados.

En China, tras los disturbios de marzo de 2008, las zonas habitadas por población tibetana continuaron totalmente cerradas al escrutinio exterior. Salvo los primeros dí­as, las protestas fueron fundamentalmente pací­ficas. Sin embargo, se recibieron informes de tortura y otros malos tratos a personas detenidas, que en algunos casos les acarrearon la muerte.

El Comité contra la Tortura criticó la práctica policial de efectuar automáticamente un registro corporal de todas las personas detenidas. Según cifras oficiales, entre julio y septiembre la policí­a realizó más de 1.600 registros corporales en los que se obligó a los detenidos a desnudarse. El Comité instó a que se limitasen los registros corporales a aquellos casos en que estuviesen claramente justificados.

En Europa y Asia Central , Estados como Italia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido se conformaron con recibir "garantí­as diplomáticas" de terceros paí­ses, por muy imposibles de cumplir que fueran, y utilizarlas como justificación para expulsar a presuntos terroristas a paí­ses donde corrí­an peligro real de tortura y otros malos tratos.

En Francia, Amnistí­a Internacional denunció en abril de 2009 que continuaron los malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La mayorí­a de las denuncias afectaban a ciudadanos franceses de minorí­as étnicas o a ciudadanos extranjeros. Ni los órganos encargados de hacer cumplir la ley, ni las autoridades judiciales investigaron esas denuncias de acuerdo con las normas internacionales. La discrepancia entre el número de denuncias presentadas y el número de sanciones disciplinarias impuestas plantearon dudas sobre la minuciosidad e imparcialidad de las investigaciones. Lo que contribuyó a consolidar el clima de impunidad.

En Oriente Medio y Norte de África u no de los principales objetivos de las prácticas de tortura fue obtener confesiones. Se celebraron juicios de opositores al Gobierno ante tribunales que no cumplí­an las normas internacionales sobre juicios justos. El poder desmesurado de los servicios de seguridad e inteligencia, se hizo sentir en toda la región. Esta policí­a secreta tení­a permiso para detener a sospechosos, interrogarlos y, en muchos casos, someterlos a tortura y otros malos tratos con impunidad.

En Israel y Territorios Ocupados, aumentaron los informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos por el Servicio General de Seguridad, especialmente durante interrogatorios de palestinos sospechosos de planear o efectuar ataques armados. En los informes se mencionaban métodos como atar a los detenidos en dolorosas posturas en tensión durante largos periodos, impedirles dormir y amenazarlos con causar daño a sus familias. Eran comunes las palizas y otros malos tratos en el momento de la detención y posteriormente, así­ como durante los traslados del detenido de un lugar a otro. Los jueces de los tribunales militares israelí­es raras veces ordenan investigaciones sobre estas denuncias y no hay noticia de ningún procesamiento de agentes del Servicio General del Seguridad por torturas a palestinos.

Acciones de Amnistí­a Internacional

Amnistí­a Internacional lleva años denunciando cómo la polí­tica de Estados Unidos y sus aliados en la "guerra contra el terror" con la práctica de reclusiones secretas, desapariciones forzadas y torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ha contribuido a legitimar el uso de la tortura, garantizando su impunidad, pese a que el derecho internacional prohí­be absolutamente estas prácticas, incluso durante un estado de guerra o excepción.

Aunque el presidente Barack Obama está tomando medidas para cerrar Guantánamo y para garantizar que Estos Unidos no recurra a la tortura, reconociendo el uso de estas prácticas por la CIA entre 2002 y 2005 al desclasificar cuatro memorandos del Departamento de Justicia, Amnistí­a Internacional se ha dirigido tanto al Gobierno de Estados Unidos, como a otros ejecutivos para pedir que se pongan en marcha medidas efectivas que acaben con la impunidad de los responsables de la tortura y malos tratos. Por ello, y con ocasión del Dí­a contra la Tortura, la organización se ha movilizado para pedir a:

– Estados Unidos , que cree una comisión efectiva que investigue de acuerdo a los estándares internacionales el régimen de detención aplicado por la administración estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001.

– Arabia Saudí­ , que libere inmediatamente y sin condiciones a 7 activistas, considerados presos polí­ticos por la organización, que demandaban pací­ficamente cambios polí­ticos y respeto de los derechos humanos, a los que se acusa de terrorismo. Igualmente la organización pide la liberación, a menos que sean sometidos a un juicio justo, de Hamad Al-Neyl Abu Kassawy, Mahmoud Ahmed Al Sheikn, Ahmad Abbas "˜Ahmad Mamad, todos ellos acusados de terrorismo. Todos estos detenidos corren riesgo de sufrir malos tratos y tortura.

– Polonia , que se garantice que la investigación que están llevando a cabo desde 2008 la Fiscalí­a General sobre la participación de Polonia en el programa de detención secreta de la CIA sea imparcial, transparente y efectiva.

– España , que ponga fin al régimen de incomunicación que puede durar hasta 13 dí­as sin acceso a abogado, a la familia, o a un médico, régimen bajo el cual fue presuntamente torturado Mohammed Fahsi , detenido en Barcelona en 2006, y que se investiguen estas denuncias. Tres años después no se ha abierto ninguna investigación. Se solicitó la apertura de investigaciones al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalí­a de Madrid, pero ambos organismos respondieron que no habí­a razones para ello.